Las primeras medidas tributarias lanzadas por la Nación y la provincia de Buenos Aires buscan auxiliar a las firmas de menor tamaño, las más golpeadas por la crisis, y reactivar sectores productivos. Planes de quita y moratorias impositivas.
28 de febrero de 2020
Macrismo. En esos cuatro años de gobierno desaparecieron 24.500 pymes por deudas con el fisco, 91% con plantillas de hasta 10 empleados. (Horacio Paone)
Un nuevo reparto de las cargas tributarias entre los distintos segmentos sociales y económicos, con miras a modificar el fuerte sesgo regresivo de la anterior administración en la estructura impositiva, forma parte de las primeras acciones del Gobierno del Frente de Todos. Plasmaron esa orientación política las decisiones sobre moratorias, el lanzamiento de planes de facilidades de pagos para desahogo de los más endeudados con el fisco y la actualización de gravámenes.
Mientras maduran transformaciones más sustanciales, esperables para un período posterior a la salida de las distintas emergencias que sufre el país, se vislumbran medidas que buscan una mayor equidad impositiva. A la justa reparación ante los perjuicios a pymes y contribuyentes de menores ingresos en los últimos años se añade la intención de estimular la recuperación de la actividad económica, fuertemente dañada en 2018-19.
En tal sentido, la AFIP dispuso una amplia moratoria para pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones civiles y monotributistas. Esas entidades acumularon compromisos por más de 400.000 millones de pesos, considerando los planes de regularización que iban camino a dejar de pagarse. «Se busca dar oxígeno a esos sectores, que suman casi el 70% de la deuda que hoy tienen los contribuyentes», ya que «mal podemos pensar que un sector productivo a media máquina, si no tiene capital de trabajo, puede responder a un impulso de demanda como está dando este Gobierno», definió la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont. A su vez, Eduardo Fernández, presidente de APYME y diputado nacional del Frente de Todos, remarcó en un encuentro con la funcionaria la importancia de «una moratoria con rebajas de intereses y condonación de multas».
Tras cuatro años en que desaparecieron 24.500 pymes, 91% de ellas con hasta diez empleados, las firmas endeudadas tendrán un período de gracia de seis meses, con lo que empezarán a pagar la primera cuota a mediados de julio próximo. «La ley de Solidaridad –resumió Marcó del Pont– en muchos capítulos lo que hace es desandar la reforma tributaria de Macri, que desfinanció la seguridad social y estableció una convergencia de las alícuotas que se pagaban por las contribuciones patronales, que supuso subírselas a las pymes y bajársela a las grandes».
Escenario provincial
En la misma línea reparatoria el Gobierno bonaerense lanzó un plan de auxilio a pymes que incluye una moratoria impositiva, junto a créditos del Banco Provincia y un régimen de regularización para deudas por infracciones laborales. Al lanzar las medidas, el gobernador Axel Kicillof declaró que la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) «no estará para la quiebra del tejido productivo, sino que va a recaudar en base al crecimiento y a la producción». Concretamente, la Agencia instrumentará un plan de pagos que tendrá hasta 120 cuotas y beneficios y quitas para las empresas. El titular del organismo, Cristian Girard, resaltó que el plan «tendrá quita total de intereses, multas y punitorios, y el capital adeudado podrá abonarse sin interés hasta en tres cuotas». «La novedad principal del plan, añadió, es que los beneficios están segmentados de manera progresiva por tamaño y tipo de empresas», de modo que habrá un mayor beneficio para las microempresas, «que son el 90% del universo total de deudoras, que no deberán pagar anticipos para ingresar al programa de regularización».
Girard recordó que unas 600.000 empresas mantienen deudas con el fisco por unos 26.000 millones de pesos y afirmó que «hasta que se reactive la economía queremos que las pymes se mantengan en funcionamiento, porque detrás de cada una de ellas hay una familia». Según se informó, en el plan podrán incluirse deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019, en instancia judicial y prejudicial de los impuestos Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.
Para acceder a la moratoria las microempresas «no deberán abonar anticipos ni adelantos y el capital lo podrán financiar hasta en 120 cuotas con tasas que van del 1,5% al 2,75%». En tanto, las pequeñas empresas tendrán que abonar anticipos de entre el 5% y el 15%, y tasas de interés que van entre el 1,75% al 3% en forma creciente de acuerdo con la cantidad de cuotas. Para las medianas empresas, el anticipo será del 5% y hasta el 20%, con tasas de interés de entre el 2% y el 3%.
Primeros pasos hacia una mayor justicia tributaria que abren expectativas de cambios más profundos a medida que se supere la crítica coyuntura.
