Masivas e inéditas movilizaciones de protesta contra la reforma de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el desarrollo de la actividad minera, lograron revertir la decisión del gobernador, ratificada por la Legislatura provincial.
15 de enero de 2020
La provincia de Mendoza atraviesa una grave sequía y se declaró en crisis hídrica por décimo año consecutivo. Según el Departamento General de Irrigación, hay alrededor de un 11% menos de agua que en el verano anterior y todas las cuencas acuíferas se encuentran por debajo de la media histórica, en el marco del retroceso de glaciares, las escasas precipitaciones y la falta de nieve acumulada. En Mendoza se sabe: si en invierno no nieva, en verano no hay agua. A este combo hay que sumarle temperaturas entre los 32° y 40° diariamente, barrios sin acceso al agua por cortes de suministro, baja presión y falta de mantenimiento por parte de las empresas proveedoras de agua potable.
A pocos días de comenzar su mandato, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez (UCR-Juntos por el Cambio), envió a la Legislatura un proyecto para reformar la ley 7722. Con el acompañamiento mayoritario de legisladores oficialistas y opositores se aprobó la modificación.
En medio de una ciudad vallada y con un fuerte operativo represivo desplegado por las calles céntricas, la movilización popular creció minuto a minuto en defensa de «la ley guardiana del agua». La nueva norma anulaba sus dos artículos más importantes, ya que permitía el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en procesos mineros metalíferos; y eliminaba la ratificación legislativa de los proyectos, es decir que las declaraciones de impacto ambiental ya no pasarían por la Legislatura. Sin embargo, a la semana siguiente, el oficialismo –acorralado por las constantes movilizaciones y cortes de ruta a lo largo y ancho del territorio provincial– decidió derogar la nueva norma y dejar vigente la 7.722.
La defensa del agua como bien común no es nueva en Mendoza, tiene un camino de lucha y organización que ha ido sembrando conciencia y conquistando legislaciones protectorias. «La marcha más grande de la historia es la mayor expresión de un proceso de construcción colectiva que tiene más de 14 años en la provincia. Las primeras manifestaciones fueron en 2005, en el Valle de Uco. Se conformaron asambleas de vecinos autoconvocados y luego este proceso se extendió al sur provincial. De allí surge la AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) y comenzó la articulación de asambleas que también surgieron en la Capital y todo el Gran Mendoza. Así, en 2007 se conquistó la Ley 7.722 bajo la presión popular de un pueblo movilizado en cuidado de su bien más escaso y supremo: el agua», afirmó Lucrecia Wagner, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET.
Caravana histórica
Ni las fiestas de fin de año, las altas temperaturas o la legitimidad de un Gobierno recién asumido pudieron detener la enorme gesta popular que generó la modificación de la ley del agua. Una caravana que quedará en la memoria de Mendoza, recorrió más de 100 kilómetros en autos, motos, bicicletas y sumó ciudadanos de a pie en cada pueblo por el que pasó. La represión, lejos de amedrentar a las más de 60.000 personas que se plantaron frente a la Casa de Gobierno, generó el repudio social y la concentración siguió creciendo durante toda la semana. Se multiplicaron las vigilias, cortes de ruta y asambleas vecinales. «La sociedad mendocina no es un todo homogéneo, hubo muchas personas movilizadas por la tradición del cuidado del agua y los graves riesgos de la megaminería metalífera en nuestra cordillera, otros por la conciencia de lo que implica el extractivismo desde una economía dependiente a la inversión de capitales trasnacionales», señaló Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua. «Una mayoría muy diversa –concluyó– se vio movilizada por la implicancia en la cantidad y calidad del agua, sobre todo considerando la crisis hídrica de toda una década en Mendoza».
