15 de enero de 2020
El aumento explosivo de la deuda del sector público durante los años de Cambiemos es una de las cargas más pesadas sobre el nuevo Gobierno. Contiene un exigente perfil de vencimientos que deberán afrontarse en los próximos años, al haberse incrementado la deuda de 200.000 millones a 311.000 millones de dólares. Ya durante 2019, con los mercados de capitales cerrados para Argentina, y con el índice de riesgo país en máximos desde 2005, los pagos de deuda se afrontaron con reservas internacionales, que disminuyeron en 28.000 millones de dólares. Y en agosto, para evitar que sigan erosionándose, el Gobierno debió reperfilar los títulos de corto plazo en cartera de personas jurídicas. La delicada situación amerita mantener un régimen de administración de divisas que garantice que sean utilizadas para fines estratégicos. Que estén disponibles para el pago de la deuda, cuyo 80% está en moneda extranjera; disponibles fundamentalmente para sostener el proceso de desarrollo del país, el pago de bienes de capital e insumos importados. La administración de divisas, cuyas bases muy a su pesar sentó el Gobierno anterior el 1 de septiembre, deberá mantenerse hasta alcanzarse, al menos, un dinamismo exportador que provea de divisas al mercado en una magnitud adecuada. Asimismo, la situación de la deuda, que implicará una renegociación de las condiciones de pago en los próximos meses, no debe poner como moneda de cambio las condiciones de vida de la población. En ese sentido, es auspicioso que en su discurso del 10 de diciembre Alberto Fernández, ordenando las prioridades, haya mencionado: «No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece (…), no nos exijan pagar a costa de los que menos tienen». Queda marcada la diferencia con el FMI y el Gobierno anterior, que infructuosamente buscaron ajustar para pagarle a los acreedores.
