26 de junio de 2019
La tarea del periodista ha sido siempre asociada a valores morales o éticos que difícilmente son contrastables con la práctica de esta profesión o de ninguna otra. Gracias a falacias como la de la objetividad o a la idea de que se trata de un cuarto poder independiente de cualquier otro, se realizan, en nombre del periodismo, operaciones políticas, judiciales o comerciales.
Las nuevas tecnologías y la aparición de medios de comunicación novedosos y todavía en desarrollo, como las redes sociales, lejos de modificar estas condiciones, las han agudizado. El concepto de fake news, o noticias falsas, ha puesto en evidencia una práctica que no es inédita en la historia de los medios de comunicación, pero que nunca como ahora se ha revelado de aplicación tan sistemática. Sin ir más lejos, en particular en nuestra región, las fake news se han convertido en una herramienta muy poderosa para impedir la consolidación de alternativas políticas populares.
El dispositivo es conocido: se lanza una noticia falsa, quizás con algún elemento de verosimilitud, que perjudica a determinado sector político, se la instala mediáticamente y la colaboración de un juez o un fiscal resulta clave para armar una causa judicial.
Las fake news, en sintonía con el lawfare (guerra jurídica), combinan factores de poder fundamentales: los medios de comunicación hegemónicos, un sector del Poder Judicial, la política y por supuesto la participación de sectores de los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
Sería largo enumerar ejemplos de fake news ya que hay cientos de casos y muy conocidos. Quizás el más flagrante sea la causa armada a Lula Da Silva por el caso del departamento que supuestamente le fuera entregado como resultado de su, también supuesta, participación en un caso de corrupción y que concluyó con el expresidente de Brasil preso. Aquí, en nuestro país, podríamos poner de ejemplo, entre cientos, la noticia, publicada en marzo de 2015 por el diario de mayor tirada del país, sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales de los diputados Máximo Kirchner y Nilda Garré, exministra de Defensa. Mientras el tema se agitó mediáticamente durante meses, la Justicia determinó en noviembre del año pasado que no existían tales cuentas. En estos, como en los demás casos, lo que menos importa son las pruebas y el resultado del juicio, el objetivo es instalar la idea en la opinión pública y que el proceso sea lo más largo posible y con mucha difusión.
Tan evidente y peligrosa es la maniobra que combina fake news y lawfare, que hasta el papa Francisco se refirió al tema: «El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales (…). Es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas».
Los medios hegemónicos buscan instalar que la única forma de combatir lo que enuncian como flagelo es el chequeo de la información, como si el problema fuera que los periodistas no supieran hacer su trabajo. Quienes difunden y propagan las fake news han creado ong y redes virtuales con el objetivo de garantizar la veracidad de las noticias y reclaman a las redes sociales e internet –Twitter, Facebook, Google– por su irresponsabilidad, cuando buena parte de ellas forman parte de los mismos holdings.
La forma de contrarrestar la información falsa es con la transformación política, la multiplicidad de voces y la igualdad en el acceso a los medios de comunicación. Es parte de la lucha que durante décadas llevó adelante el movimiento cooperativo, junto con decenas de sectores sociales y políticos, y que tuvo en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uno de los puntos más altos de esa batalla.
Será clave, entonces, reinterpretando el buen manual del periodista, prestar atención a quién dice qué, cuándo, cómo, dónde y para quién.
(Sandra Rojo)
