La sucesión de resultados adversos para los candidatos de Cambiemos puso en alerta a sus estrategas de campaña de cara a las presidenciales de octubre. Puja por instalar ejes de debate y preocupación opositora por el control de las reglas de juego.
12 de junio de 2019
La serie de derrotas electorales que registra semana a semana preocupa seriamente a la dirigencia oficialista, que hace poco más de un año daba por descontada la reelección del presidente Mauricio Macri. Lo que ha llegado a obsesionarlos no es tanto el no haber podido imponer sus candidatos –circunstancia que estaba en sus cálculos– sino la enorme diferencia que separó a Cambiemos y sus aliados de los vencedores. También el hecho de que, en varias oportunidades, esa fuerza ha quedado relegada a un tercer puesto. En Tucumán, por ejemplo, el justicialismo liderado por el gobernador Juan Manzur le sacó 30 puntos de ventaja; en Entre Ríos, su par Gustavo Bordet –que también buscaba revalidar su título– se ubicó 22 puntos arriba. Algo similar había sucedido en Misiones y en las PASO de Santa Fe, donde Cambiemos quedó reducido al rol de espectador de la interna peronista.
Incluso en Jujuy, bastión de Cambiemos en su versión radical, Gerardo Morales, que se impuso claramente y pugnó por diferenciarse de las políticas nacionales, perdió 15 puntos respecto de 2015. Contó a su favor con la dispersión del desquiciado justicialismo local que le fue funcional durante todo su mandato. Las cifras demuestran que el PJ pudo haber dado pelea si hubiese encarnado una verdadera oposición.
La victoria en las PASO mendocinas del radicalismo cambiemita encabezado por el gobernador saliente, Alfredo Cornejo, también tiene sus bemoles, ya que la suma de las dos fuerzas peronistas que se enfrentaban es equivalente a la obtenida por el tradicional partido, que se muestra cada vez más crítico con sus aliados.
Internas y fisuras
Con todo y su contundencia, los resultados de los comicios provinciales no permiten preanunciar los que arrojarán las elecciones nacionales en esos mismos distritos, ya que los factores locales tienen un peso considerable. El mejor ejemplo es el de Córdoba, donde Juan Schiaretti se impuso por un margen amplísimo, pero no logró incidir en la construcción de la desvencijada Alternativa Federal. La presión de muchos intendentes que se niegan a quedar al margen de un peronismo en proceso de reunificación y la de numerosos sindicalistas que ven derrumbarse la estructura productiva, fueron determinantes para que el gobernador decidiera tomarse unas vacaciones que lo alejaron de las negociaciones. Todo indica que el derrumbe de la imagen presidencial se verificará en una abrupta disminución del caudal de Cambiemos en la provincia, aun cuando se imponga en la contienda. Los dirigentes gremiales que apoyan la fórmula Fernández – Fernández han constituido el Movimiento Sindical de Córdoba por la Justicia Social y el Trabajo, que integran bancarios, docentes, trabajadores de la alimentación y ladrilleros, entre otros, que apuesta a desequilibrar la balanza.
En tanto, el macrismo –cuyas fisuras son cada día más visibles– se enfrenta a una situación que parece insoluble. La estrategia de apelar a la denuncia de la corrupción y la inseguridad, cuya responsabilidad se le adjudica al gobierno anterior, y propagandizar la mano dura, no está dando los frutos que esperaban. Es que la debacle económica es absolutamente inocultable, como lo demuestra una reciente consulta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), una institución internacional dedicada a la investigación de los fenómenos políticos, económicos y sociales. Del análisis de los datos surge que las motivaciones económicas están en primer lugar para decidir el voto de los argentinos (58,7%). Una proporción similar siente que ha descendido socialmente en estos últimos años. El 64% de los encuestados se manifestaron hartos, enojados o angustiados –10% más que la media en los demás países donde se realizó el sondeo– y apenas un escaso 16% dijo estar esperanzado y se inclinó por otras expectativas, tales como «que el candidato no sea corrupto». El 75% admitió que tenía miedo de que algún integrante de su grupo familiar perdiera el empleo y el 73% que había reducido su consumo de gas, luz y agua.
Las maniobras ejercidas por los jueces adictos y los medios hegemónicos para embarrar la cancha también comenzaron a perder efectividad ante la inocultable caída del salario y el brutal incremento de la canasta familiar. De allí la desesperación que se apoderó de los operadores políticos gubernamentales y que los condujo a intentar por todos los medios la renuncia a sus candidaturas de Roberto Lavagna y José Luis Espert, que podrían disputar votos del electorado conservador disconforme con la gestión de Mauricio Macri. El solo hecho de que puedan arrebatarle a Cambiemos unos pocos puntos redundaría en el aumento de las probabilidades de una derrota oficialista en la primera vuelta.
Prevenciones
Otro de los ardides consiste en el cambio permanente de las reglas de juego. El Partido Justicialista, en un comunicado, ha consignado prolijamente los intentos del macrismo en ese sentido: el desdoblamiento de los comicios, la anulación de las PASO, la eliminación de las actas del escrutinio, la transmisión electrónica de los resultados, el reemplazo de la empresa Indra, que estaba a cargo del recuento, la no inclusión de miles de jóvenes en los padrones (ver recuadro), la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, la eliminación por decreto de las colectoras y la fracasada posterior contramarcha para facilitar que otros partidos puedan llevar en su lista a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora, entre los más relevantes.
Pero el peligro mayor que ya se discute seriamente en el conjunto de la oposición es el de la instrumentación de alguna modalidad de fraude, al punto de que se evalúa solicitar la presencia de veedores internacionales para las elecciones de octubre. Es que el gobierno de Macri se encuadra claramente dentro de las características de lo que Steve Levitsky, un politólogo estadounidense especialista en América Latina, denomina «autoritarismo competitivo», al que define como un régimen donde existen formalmente las instituciones democráticas, pero en el cual el partido de gobierno se asegura enormes ventajas respecto de la oposición merced al abuso sistemático del aparato estatal que se traduce en el hostigamiento a los periodistas y militantes opositores que frecuentemente son encarcelados, la cooptación de jueces y la manipulación electoral que puede incluir maniobras fraudulentas.
