26 de abril de 2019
Sin consenso. Rosenkrantz, designado por Macri y titular de la Corte desde octubre de 2018, votó en soledad en fallos trascendentes. (TÉLAM)
Un jurista entrado en años sintetizó el olfato político que recorre los tribunales de Retiro, donde se tramitan las causas más sensibles del país: «Para tener un termómetro del panorama que se vislumbra basta con ver cómo actúan los jueces de Comodoro Py», sostuvo. ¿Y cómo es el clima en aquel edificio? En la actualidad está surcado por todo tipo de tensiones, con funcionarios judiciales enemistados, denuncias cruzadas, cargos vacantes, magistrados esperando la orden para entrar en nuevas funciones en otras latitudes y expedientes de alto impacto ralentizados.
Es imposible disociar estos movimientos, propios de un año electoral, del estado de ebullición en que se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, está cada vez más cercado por sus colegas. Quien fue abogado del Grupo Clarín asumió como cabeza del Poder Judicial hace siete meses y ya algunos cuentan las horas que le quedan en el cargo.
Rosenkrantz quedó en el ojo de la tormenta luego de intervenir en casos en los que no podía hacerlo por haber tenido como cliente durante su pasado como abogado a una de las partes. Esto lo dejó al borde de la recusación. Los expedientes de la controversia incluyen a YPF, a la telefónica Claro y a la Petrolera Esso, hoy Axion. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales hasta lo acusan de pasar información confidencial a la minera Barrick Gold.
El titular del alto tribunal no solo queda en soledad en votaciones clave, sino que hasta es fotografiado en eventos privados junto a importantes funcionarios del Gobierno, justo cuando sus pares le achacan cercanía con el Poder Ejecutivo, sobre todo, con el operador judicial del PRO Fabián «Pepín» Rodríguez Simón. Por caso, trascendió públicamente su presencia en el casamiento de la hija de Rodríguez Simón.
Este mar revuelto obligó al exrector de la Universidad de San Andrés a desistir de un viaje a Nueva York (su presencia fue anunciada para el 25 de abril en la Universidad de Columbia) al que estaba invitado y tenía pensado compartir con el senador Miguel Ángel Pichetto y funcionarios oficialistas.
Si el tribunal que debe impartir el ejemplo está sumido en una disputa de poder que sin dudas marcará su futuro, ¿qué se puede esperar de las instancias inferiores?
Causas y consecuencias
Es por eso que no puede sorprender que el 11 de abril se haya intentado desplazar a Juan Carlos Gemignani de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, ubicada en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. El resultado de esa votación fue 6 a 6 (el acusado se abstuvo porque las dos mociones eran en su contra). El vicepresidente del tribunal, Carlos Mahiques (cercano al Gobierno, fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal), tuvo voto doble y desempató en favor de mantener a su colega en el cargo y solo llamarle la atención. La razón del planteo fue una pelea con un par que desembocó en el análisis de las actitudes polémicas del presidente del tribunal. Que son muchas. Se habían inclinado por destituirlo los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa. Mientras que Mahiques (su hijo Juan Bautista es funcionario en el Ministerio de Justicia de la Nación y representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura), Liliana Catucci, Daniel Petrone, Eduardo Riggi, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo se expresaron por una pena menor.
Síntomas de un cambio de ciclo, en los juzgados de primera de instancia de Comodoro Py también reina el desconcierto. Por tal motivo, muchos magistrados, expertos tiempistas políticos, administran sus expedientes a sabiendas de lo incierto del resultado electoral.
Dos meses atrás comenzaron a agitarse las llamas de un fuego que podría transformarse en incendio en los tribunales de Retiro. Se trata de denuncias por cobro de sobornos que involucran al fiscal Carlos Stornelli y al juez federal Luis Rodríguez. Ambos casos explotaron en la misma semana, durante febrero pasado. El caso del titular de la Fiscalía Federal Nº 4 de la Capital Federal derivó en el «D’Alessiogate», que por ahora se sustancia en la Justicia de Dolores y comprometió a Stornelli en siete hechos. El funcionario judicial fue declarado en rebeldía por no presentarse a cuatro citaciones indagatorias. Esto provocó un cimbronazo en la causa que se inició con las anotaciones del chofer Oscar Centeno. El 15 de abril, para reforzar el equipo que impulsa la pesquisa, el procurador general interino, Eduardo Casal, nombró a la fiscal de juicio Fabiana León. Desde el Ministerio Público Fiscal esperan que pronto se eleve un tramo de la causa a juicio oral.
El caso de Rodríguez –acusado de cobrar 10 millones de dólares– también avanza en sede penal y en el Consejo de la Magistratura. Sucede lo mismo con sus pares Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral. El primero tiene en sus manos la pata penal de la causa del Correo Argentino que tanto preocupa a Mauricio Macri. De los nueve juzgados federales que quedan en Comodoro Py, uno está vacante y otros dos pronto podrían estarlo.
El que aún no fue asignado es el juzgado federal Nº 5 que ocupaba Norberto Oyarbide, que hoy subroga Marcelo Martínez De Giorgi. Su sucesora sería María Capuchetti, quien proviene del Ministerio Público Fiscal porteño, y ya tiene el acuerdo del Senado.
En tanto, podrían partir de sus despachos en Comodoro Py Daniel Rafecas y Sergio Torres. El primero concursa –y está muy bien ubicado– para trasladarse a la Cámara de Casación ordinaria. El segundo está a un paso de integrar la Suprema Corte bonaerense.
Un párrafo aparte merece la causa que impulsa el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El magistrado descubrió una red de espionaje ilegal que expone los vínculos que tiene la Justicia con un sector de la política, algunos medios de comunicación y, sobre todo, los servicios de inteligencia.
Las huellas de la ex SIDE en este expediente son más que claras. Aparecen exespías (y hasta algún orgánico como el agente Claudio Álvarez) vinculados con funcionarios judiciales. Mientras en los tribunales federales se debate dónde debe tramitar el caso, una cosa queda clara: lo que se reveló allí obliga a un cambio profundo en el sistema judicial.
Es por ello que, acorde con el nuevo tiempo político que asoma, sea quien fuere el que se imponga en las próximas elecciones de octubre y noviembre, en el tercer poder del Estado se esperan importantes modificaciones.
