En una controvertida decisión, el Gobierno creó una oficina para «resguardar los derechos humanos de los agentes de seguridad». Dependerá de la misma institución que tiene por función vigilar los abusos cometidos por los miembros de una fuerza.
10 de abril de 2019
En otro gesto de respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad, el gobierno de Mauricio Macri creó una oficina para velar por los derechos humanos de los policías. Por si quedaban dudas sobre el sentido de esta decisión –que de inmediato cosechó críticas–, la nueva dependencia estará bajo la Dirección de Violencia Institucional, el área del Ministerio de Seguridad que se encarga de investigar los apremios ilegales que cometen los efectivos. Alterando el sentido original de esa política, la ministra Patricia Bullrich presentó la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. «Tendrán este derecho inherente a la condición humana, del que hasta hoy estaban excluidos», celebró vía Twitter.
En pleno año electoral, se trata de un nuevo espaldarazo a los uniformados, en línea con lo que el propio Gobierno definió como «la doctrina Chocobar», así bautizada por Luis Chocobar, oficial de la provincia de Buenos Aires acusado de gatillo fácil en diciembre 2017 y tomado por Cambiemos como ejemplo para seguir. «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos», le había dicho Macri cuando lo recibió en su despacho. En febrero pasado, la Justicia dispuso que Chocobar vaya a juicio oral y público, bajo la carátula de «homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber».
La Unidad de Garantías alcanzará a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), es decir, a las cuatro instituciones del área que responden al Ejecutivo nacional, y estará a cargo de Daniel Barberis, director de Violencia Institucional. «Promueve un clima de cercanía entre los que cuidan a las personas cada día, profundizando el criterio de “cuidar a quienes nos cuidan” en el cambio de paradigma de poner a la víctima en el centro de nuestras preocupaciones», dijo.
Durante el caso de Santiago Maldonado, Barberis fue objeto de fuertes cuestionamientos. Se lo acusó de encubrir a los gendarmes, más aún luego de que se filtraron audios de la reunión que mantuvo con un grupo de ellos y donde los instruyó sobre la estrategia de la Casa Rosada para condicionar al entonces juez de la causa, Guido Otranto.
Doctrina Chocobar
La creación de esta oficina se suma a otras políticas recientes que permiten establecer una línea de pensamiento. A fines del año pasado, el oficialismo dispuso un nuevo reglamento para el uso general de armas de fuego entre las fuerzas federales, con mayor discrecionalidad en casos de persecuciones y situaciones de gravedad. Ese protocolo incluye la libertad de los agentes para disparar antes de ser agredidos, una circunstancia que puede asimilarse a la que protagonizó Chocobar. A esto le siguió el lanzamiento del programa «Restituir», que supone una reivindicación laboral y económica para aquellos uniformados que, habiendo sido exonerados por mal desempeño, resultaron luego absueltos o sobreseídos.
En la escueta resolución 234, la cartera a cargo de Bullrich planteó que el objetivo es responder a los agravios en materia de derechos humanos, y si bien el texto publicado en el Boletín Oficial señala que esto puede ser causado por «otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos», los ejemplos que trascendieron estuvieron limitados a las manifestaciones de repudio en la vía pública o los escraches en redes sociales. Tampoco se dejó en claro cómo un ciudadano puede vulnerar los derechos humanos de agentes públicos que portan armas y están habilitados a utilizar violencia física para imponer su autoridad.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró «vergonzosa» la medida. «¿Qué quiere inventar esta muchacha Bullrich ahora? Están completamente locos», sostuvo. Para Carlotto, si la preocupación es mejorar las condiciones laborales, la solución es otra: «Que dejen que la policía cree un gremio y que el Gobierno sanee de corrupción a las fuerzas. Así se defienden los derechos humanos», aseguró.
