Los anuncios de planes de explotación del mineral para triplicar la producción se enmarcan en el modelo transnacional, extractivista y desregulado del Gobierno. Resistencia del sector científico-tecnológico y nacionalización del conflicto.
27 de marzo de 2019
Salar Olaroz, Jujuy. Bombeo de la salmuera en el emprendimiento a cargo de Orocobre, Toyota Corporation y la empresa minera provincial. (TÉLAM)
Tras reunirse con funcionarios de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy en la denominada Mesa de Competitividad del Litio, en la capital jujeña, Mauricio Macri, en conferencia de prensa, aseguró: «La potencialidad con el litio es gigantesca. Esto es solo la punta del iceberg. Esto recién está comenzando». El optimismo presidencial es compartido por las empresas multinacionales que explotan el mineral, sin retenciones desde 2016 y con regalías provinciales de solo el 3% sobre el valor de las ventas. Estos se jactan, sin tapujos, de tener los menores costos de producción del mundo y de obtener ganancias superiores al 65%. Sin embargo, la explosión de entusiasmo gubernamental y empresarial no es compartida por las comunidades locales y el sector científico tecnológico, quienes vienen denunciando desde hace años el impacto ambiental negativo (por consumo de agua dulce) que provoca la explotación del «oro blanco». El litio es esencial en la fabricación de las baterías que utilizan dispositivos electrónicos, transportes y, en especial, celdas que almacenan y estabilizan la energía renovable que reemplaza la producida por combustión fósil.
Los salares del Hombre Muerto (Argentina), de Atacama (Chile) y de Uyuni (Bolivia) son los vértices del triángulo que concentra el 80% de las reservas mundiales de litio. Nuestro país posee la cuarta reserva mundial, distribuida en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.De acuerdo con estimaciones realizadas por el Servicio Geodésico de Estados Unidos, esta llega a más de 128 millones de toneladas. En la actualidad se obtienen 12.000 toneladas al año, pero el optimismo gubernamental se asienta en que las firmas tienen proyectos en marcha para aumentar dicha producción hasta 60.000 toneladas al año. Un informe de la Secretaría de Minería de la Nación señala que los presupuestos en exploración de litio entre 2015 y 2018 alcanzaron los 168 millones de dólares, mientras que la inversión en proyectos se incrementó un 928%. En la actualidad, el precio del carbonato de litio producido en Sudamérica más que duplica el de fines de 2015, cuando alcanzó el récord de 15.700 dólares la tonelada, según la consultora Benchmark Mineral Intelligence.
Puesta en escena
Los 56 proyectos de explotación de litio anunciados por el primer mandatario y que redundarán en 2020 en el esplendor del noroeste argentino, luego de triplicar la producción del oro blanco, son solo «una gran puesta en escena». «Pero esas decisiones no dependen del gobierno, sino de las transnacionales», afirma Federico Nacif, sociólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) e integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental de la Universidad Nacional de Quilmes. «Los proyectos de explotación nuevos en manos de una transnacional en un sistema desregulado como el nuestro llevan muchos años. Es falso creer que porque aumenta el precio del litio inmediatamente se ponen en explotación yacimientos. No es así. Lleva por lo menos 6 o 7 años de desarrollo».
A mediados de 2015 los entonces diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio presentaron un proyecto de ley en el Congreso que proponía la creación de una empresa nacional –«la YPF del litio»– que gestionaría su producción en el país tras ser declarado recurso estratégico. Los autores destacaban que una de las claves del proyecto de ley residía en el desarrollo científico y técnico local, asociado con la industrialización del mineral. El proyecto nunca fue tratado en el ámbito legislativo. «En 2011 Jujuy declaró al litio recurso estratégico, pero su capacidad de injerencia es muy pobre y lo que ha logrado hasta hoy es nada. Lo único destacable es que en las nuevas explotaciones la empresa pública provincial tiene un 8,5% de la tenencia del salar, que nada incide en sus decisiones y además no garantiza en lo más mínimo un crecimiento en la cadena de valor, la robustez del entramado productivo local, la capacidad de empleo. En el mejor de los casos, es apenas un ingreso un poco mejor para las rentas provinciales», señala Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales, integrante del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA. A la vez, Nacif pone como ejemplo el caso de la corporación química estadounidense FMC Lithium, que explota el Salar del Hombre Muerto en Catamarca desde hace más de 20 años. «FMC es uno de los principales exportadores a nivel mundial. El pueblo más cercano al salar es Antofagasta de la Sierra, y luego de más de dos décadas de explotación no hay caminos para llegar ni tiene luz eléctrica y la empresa acumula denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche».
Para los especialistas, el modelo aperturista y extractivo que enarbola el Gobierno nacional, junto con el escaso interés por incluir en la discusión al área tecnológico-industrial, desdibuja cualquier tipo de perspectiva positiva del sector en el país. «El litio es un bien clave en el marco del nuevo paradigma energético integral, porque forma parte de una estrategia de desarrollo, de transformación y transición energética propia del siglo XXI, y con esta política se está regalando el litio para que la transición energética la lleven adelante los países centrales», señala Fornillo.
