14 de marzo de 2019
Una característica de esta era es que los voceros de Washington no edulcoran sus verdaderos objetivos acerca de América Latina. Esto es evidente en la embestida que se inició el 23 de enero contra el gobierno venezolano tras reconocer al autodesignado presidente interino Juan Guaidó. Pero la historia viene de antes.
Barack Obama ganó la elección de 2008 con un mensaje de cambio en la política exterior de su país. Eso le granjeó el Premio Nobel de la Paz de 2009, no por lo que hizo, sino por lo que prometía hacer. Al sur del río Bravo se entendió que vendrían tiempos de respeto mutuo tras el No al ALCA de 2005.
Pronto se vio que en la Casa Blanca había otro collar, pero el perro era el mismo. La mano del departamento de Estado –a cargo de Hillary Clinton– en el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras fue inocultable, aunque el mensaje desde el Salón Oval fue de sorpresa y prescindencia.
En 2013 el nuevo canciller, John Kelly, ya no tuvo tanto celo en decir que «el hemisferio occidental (como se nombra al continente en los documentos oficiales) es nuestro patio trasero y es de vital importancia para nosotros». Ya había sido destituido Fernando Lugo en Paraguay, habían muerto Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y Jorge Bergoglio se había convertido en el papa Francisco. Volvía la Doctrina Monroe.
Cierto que Obama restableció relaciones con Cuba, en diciembre de 2014, pero el 9 de marzo de 2015 emitió un decreto que declara una «emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela».
Los ataques contra el gobierno bolivariano nacieron al mismo tiempo que Chávez asumió el poder, hace 20 años, y se potenciaron cuando Donald Trump llegó al Salón Oval. Si en algo coincidieron los últimos mandatarios estadounidenses, es en su propósito de destruir al chavismo.
Solo que ahora, con el respaldo de gobiernos regionales de derecha, los planes son mucho más explícitos. No es una elucubración, lo dicen con todas las letras.
Trump grabó un video durante la ofensiva final contra Muammar Khadafi, en 2011, que planteaba: «Debimos decirles a los rebeldes (libios) que los ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo».
En la Casa Blanca nombró a los halcones que tuvieron su «bautismo de fuego» en los 70. También endureció sanciones contra Venezuela y contra Cuba, a pesar de que Obama había reconocido el fracaso de los castigos impuestos a la isla desde 1962.
En enero, John Bolton, asesor en seguridad nacional –el cargo que Henry Kissinger alcanzaba en 1968–, se sinceró en un reportaje: «Sería una gran diferencia económicamente para EE.UU. si conseguimos que empresas estadounidenses participen en la inversión y producción de petróleo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de EE.UU. Hay mucho en juego». Guaidó ya se había autoproclamado, con el rápido reconocimiento de los aliados de Washington, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.
Elliot Abrams, encargado del «caso Venezuela» y con experiencia en organizar a los Contras nicaragüenses y encubrir masacres de gobiernos pro-EE.UU. en la América Central de los 80, declaró que «ya no es tiempo de negociaciones» y que solo cejarán en su cruzada con un cambio de régimen.
Tras varios cortes de energía eléctrica en Venezuela, que Caracas atribuyó a atentados promovidos por EE.UU., Abrams dijo: «No acepto el argumento de que de las causas de los problemas económicos en Venezuela son nuestras sanciones».
Desde la administración Trump insistieron en que «todas las opciones están sobre la mesa», sin descartar una intervención militar. Pero en la mira tienen lo que Bolton define como una «troika de la tiranía»: Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La amenaza, claramente, no es sobre Maduro. Es un ataque pedagógico. La región entera está bajo amenaza si algún gobierno pretende desviarse de los designios de EE.UU.
