El gobierno aplicó derechos de exportación a la venta al exterior de servicios, una medida que afecta a una actividad clave para alcanzar una economía desarrollada y que estimulará la migración de los centros de atención fuera del país.
30 de enero de 2019
El gobierno nacional, acorralado por las consecuencias de su política de apertura comercial, decide aplicarle retenciones a la exportación de servicios, un sector clave para toda economía que pretenda transitar el camino del desarrollo. A principios de este año resolvió que hasta el 31 de diciembre de 2020 será del 12% para la exportación de las prestaciones de servicios y no podrá exceder los 4 pesos por cada dólar. En una primera instancia, las pymes estarían exceptuadas.
Los derechos de exportación serán abonados dentro de los primeros 15 días hábiles del mes posterior a aquel en que se hubieran facturado las operaciones respectivas. A esos efectos, deberá presentarse una declaración jurada. En el caso de micro y pequeñas empresas que exportan menos de 600.000 dólares anuales quedarán exceptuadas del pago de derechos a la exportación. Además, aquellas que hayan exportado servicios por menos de 2 millones de dólares tendrán 60 días para el pago, según el decreto reglamentario 1201 publicado en el Boletín Oficial. Para contar con el beneficio, deben estar inscriptas en el Registro PyME del Ministerio de Producción y Trabajo. La situación complica a las micropymes debido a que las retenciones sobre sus servicios pueden afectar su competitividad y productividad al incrementar sus costos. Según el último relevamiento de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, antes de la devaluación y del inicio de la recesión «la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas» mientras que en la actualidad esta cifra «ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día».
Parte de la torta
La exportación de servicios generó el año pasado entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. En los últimos años los servicios estuvieron impulsados en gran medida por la transnacionalización empresarial, que facilita la difusión de lenguajes, estándares y prácticas de gestión comunes. El gobierno presentó a principios de 2017 un régimen simplificado para realizar trámites de exportación de servicios de conocimiento, pero en el sector señalan que la presión tributaria y la complejidad burocrática son altas para las pequeñas y medianas empresas.
El universo de servicios exportados es amplio, aunque el ejemplo habitual son grandes multinacionales que tercerizan sus servicios, principalmente en la atención al cliente, desplazando la mano de obra local. Más incipiente es el acople a la tendencia global donde los consumidores contratan cursos a distancia, ven películas, escuchan música, o se psicoanalizan por videoconferencia con el prestador de su elección, sin que importe de qué país proviene el servicio. El único beneficio que recibió el sector en los últimos tres años fue la flexibilización de las normas cambiarias y la consecuente devaluación de la moneda. Con la aplicación de retenciones el gobierno pretende recaudar este año el equivalente a 32.000 millones de pesos (sobre la base de 8.000 millones de dólares exportados). El impuesto además propicia la migración de estas prestadoras de servicios. Empresarios consultados alertan sobre la posibilidad de llevar el centro de servicios a países limítrofes, como por ejemplo, Uruguay. De todos modos, reconocen que la suba del dólar, pese a las retenciones, todavía les otorga una rentabilidad positiva. Por ejemplo, si una empresa argentina presta en el país un servicio de programación de software para un cliente en el exterior, esta operación quedará alcanzada por los derechos de exportación. Si esa programación la realiza en otro país elude todo o parte del impuesto. Así, una empresa argentina podría enviar empleados al exterior para prestar servicios a un cliente extranjero, y de ese modo no tributar.
