El gobierno favorece el crecimiento de los grandes grupos empresarios del sector, mientras los medios comunitarios denuncian que incumple la normativa vigente en materia de legalización y fomento. Achicamiento del sistema público.
14 de enero de 2019
El gobierno de Cambiemos, que llegó a la Casa Rosada anunciando «el fin de la guerra contra el periodismo» –atribuida al kirchnerismo–, mantiene una contienda de baja intensidad contra los medios comunitarios. Tras un período de crecimiento a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, comunicadores del sector reclaman por el derecho a «existir con legalidad plena, a ser una opción que garantice la pluralidad de voces y a ejercer el derecho a la comunicación sin discriminaciones ni exclusiones».
En una manifestación ante el Ente Nacional de Comunicaciones y luego frente a la sede de Canal 13, denunciaron que son discriminados en el otorgamiento de las licencias, que el Estado no cumple la ley vigente respecto del desembolso de fondos para el fomento de la comunicación audiovisual, el manejo arbitrario de la pauta oficial de publicidad y la no inclusión de señales que cumplieron con todos los requisitos legales en las grillas de televisión por cable. La cobertura de esta protesta mostró, como si hiciera falta, la necesidad de que existan múltiples voces. Los grandes medios solo informaron que un grupo de manifestantes ingresó «violentamente» a Canal 13, cuando los videos registrados en el lugar muestran que fue una protesta pacífica, y dejaron de lado los fundamentos del reclamo.
Relevamiento nacional
El contexto normativo y el rol del Estado son fundamentales para el desarrollo de los medios que promueven miradas alternativas. Así lo muestra el informe «La multiplicación de los medios comunitarios, populares y alternativos en Argentina. Explicaciones, alcances y limitaciones», realizado por investigadores de las universidades nacionales de Córdoba, La Pampa, Quilmes, San Luis y Buenos Aires. Según este relevamiento, los medios comunitarios, alternativos y populares audiovisuales en funciones son 215 (62 en el área metropolitana, 50 en la zona centro del país, 40 en el noroeste, 37 en la Patagonia, 19 en Cuyo y 7 en el noreste). «La mayoría de estas experiencias actualmente operativas surge durante la vigencia de las políticas de legalización –de manera parcial desde 2005 y de modo pleno desde 2010– y de fomento –desde 2013– de los medios audiovisuales sin fines de lucro», señalan los investigadores.
El macrismo, desde su primer día en la Casa Rosada, favoreció la ultraconcentración en la propiedad de medios y se desentendió del rol que debe cumplir el Estado para garantizar el derecho a la información y la presencia de múltiples voces en el espectro comunicacional. En ese contexto, el achicamiento de los medios públicos es otro eslabón de la cadena. Al abandono de la generación de contenidos, en los casos de Encuentro y Paka Paka, se suman el descrédito y pérdida de audiencia experimentados por Radio Nacional y Canal 7. Además, los trabajadores sufren reducción salarial (la última paritaria en la televisión pública data de 2016) y despidos –como ocurrió en Télam–, coronados con la represión a la manifestación del 20 de diciembre en reclamo de negociaciones paritarias. No hace falta aclarar que dicha represión no fue televisada.
Con todo, las malas noticias para el derecho a la información no terminan allí. La Defensoría del Público está acéfala desde noviembre de 2016 y recientemente la Comisión Bicameral designó un funcionario para que se haga cargo de las funciones «conservatorias y administrativas», quien ya aplicó la tijera, canceló decenas de actividades programadas y cuestionó la orientación de la labor desempeñada por el organismo.
En suma, mientras a los grandes conglomerados les autorizan fusiones, les otorgan millonarias pautas publicitarias y hasta les habilitan la posibilidad de manejar sin control el precio del papel, insumo básico para la prensa gráfica, el Estado achica los medios públicos y ahoga a los alternativos. Un escenario que augura menos voces para un debate público restringido cada vez más, en la medida que se consolida la concentración de medios.
