El círculo vicioso autogenerado por el gobierno lo lleva a imponer cada vez más recortes, incluso en proyectos clave, como el estímulo a la explotación gasífera de Vaca Muerta y las PPP. Crece el endeudamiento de los hogares.
14 de enero de 2019
La economía argentina tuvo uno de los peores desempeños regionales en 2018, al que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus proyecciones, le puso número: -2,6%. Sumado a esto, el año finalizó con elevada inflación, altas tasas de interés e incertidumbre financiera por la suba del riesgo país. Ante este panorama, el gobierno nacional apuesta al «déficit cero» para revertir el clima de desconfianza. Sin embargo, la recesión genera una merma en los ingresos del Tesoro. Por ejemplo, en 2018, el aumento interanual de la recaudación –que llegó al 31,2%– estuvo por debajo de la inflación, una tendencia que se agudizó en los últimos meses. Por caso, en diciembre, el porcentaje de incremento de los ingresos tributarios (36%) fue muy inferior a la inflación proyectada (48%).
En ese contexto, el cumplimiento del objetivo «déficit cero» se hace cuesta arriba debido a que los ajustes fiscales generan un círculo vicioso caracterizado por caída de la actividad, menor recaudación impositiva, más recortes y vuelta a empezar, como un perro que intenta morderse la cola.
En ese marco, las «víctimas» del ajuste se multiplican, incluyendo algunos proyectos emblemáticos del macrismo, como el programa de estímulos diseñado para la explotación gasífera en Vaca Muerta. En marzo de 2017, el primer ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, implementó un esquema de subsidios reglado por la Resolución 46, donde reconoce un precio diferencial, de 7,5 dólares por millón de BTU, a la oferta incremental de gas no convencional (o sea, al gas «nuevo»). La resolución establece también un sendero descendente de precios a futuro: 7 dólares en 2019, 6,5 en 2020 y 6 en 2021. En este programa, el Tesoro aporta la diferencia entre el precio diferencial y la cotización internacional, que en la actualidad se estima en 3 dólares por millón de BTU.
Los proyectos que se aprobaron bajo este régimen son ocho, siendo las dos empresas más beneficiadas Tecpetrol, del grupo Techint (Paolo Rocca), y la Compañía General de Combustibles (Eduardo Eurnekian). Pero, en el último año, los subsidios estatales fueron en ascenso (en pesos) por la concurrencia de dos factores: la devaluación de la moneda y la caída del precio internacional de los hidrocarburos. Mientras que la suba del tipo de cambio llegó al 105%, la caída del precio internacional en hidrocarburos fue cercana al 25%.
Las reglas de juego establecidas por Aranguren –en un lejano primer trimestre de 2017– entran hoy en contradicción con el fuerte recorte del gasto público exigido por el FMI, que se puso en evidencia con la salida de Javier Iguacel de la Secretaría de Energía. Consultado por Acción, el especialista en temas energéticos Ignacio Sabbatella comentó que «desde el año pasado estamos en presencia de una pulseada. Por un lado, las petroleras no quieren ceder este beneficio; por el otro, el gobierno nacional está presionado por el FMI para eliminar todo tipo de subsidios. El desplazamiento de Iguacel estaría relacionado con ese conflicto. El comentario de «pasillo» es que la cercanía del exfuncionario con el grupo Techint provocó un cortocircuito con Nicolás Dujovne. Es sabido que el ministro de Hacienda tiene el mandato del FMI de recortar ese beneficio». La pulseada parece haberse resuelto con la eyección de Javier Iguacel y su reemplazo por Gustavo Lopetegui, el «señor Excel», quien continúa siendo un funcionario de mucha confianza del presidente, aun después de su salida de la jefatura de Gabinete en agosto del año pasado.
Público-privado
La suba del riesgo país enterró otro proyecto «estrella» del macrismo: el Programa de Participación Pública-Privada (PPP), con el cual el gobierno nacional apostaba a contrarrestar el fuerte recorte, cercano al 50% interanual, de la obra pública previsto para 2019.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había anunciado un plan de obras por más de 21.000 millones de dólares con el PPP, mientras que el Presupuesto 2019 contemplaba 80 proyectos (viales, energía, tren a Vaca Muerta, agua y saneamiento, educativos) financiables por esta vía. Sin embargo, el 18 de diciembre pasado, el gobierno nacional reconoció que nada de eso va a ocurrir.
Ese mismo día estaba anunciada la licitación, con régimen PPP, de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que como consecuencia de la suba del riesgo país obligó a reformular el proyecto, para sorpresa del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Para calmar las aguas, los funcionarios nacionales aseguran que la represa se construirá (si se obtienen los fondos) bajo el modelo tradicional de obra pública. A esto se suma que el gobierno también anunció la suspensión de todas las obras de infraestructura que se iban a ejecutar con el PPP. Las únicas que quedarían en pie son las obras viales ya licitadas (2.556 kilómetros de rutas), aunque esas inversiones también entraron en zona de riesgo con el alza del costo de financiamiento.
