11 de enero de 2019
Las boletas de agua, luz y gas que llegan a la mayoría de las empresas autogestionadas, con cifras, en algunos casos, de hasta seis dígitos, constituyen una verdadera pretensión represiva y confiscatoria que aplica el gobierno nacional –a través de sus políticas de corte neoliberal– contra el universo de la economía social y solidaria.
Los aumentos registrados en las tarifas de servicios públicos ponen seriamente en riesgo la continuidad de proyectos productivos a la vez que aceleran el proceso de descomposición económica y afectan al empleo. La actual gestión de Cambiemos no cumplió con muchas de sus promesas de campaña, entre ellas, la de recomponer la matriz energética nacional. Por el contrario, ha agravado enormemente el panorama al transformar el costo energético en un problema dramático para la continuidad de los procesos productivos y el porvenir de la industria nacional.
El tema de fondo, en lo que hace a la prestación de los servicios domiciliarios, es que subsiste el esquema de distribución y comercialización de la energía gestionado por las empresas privatizadas en los 90, con su probada historia de bajas inversiones, servicios de pésima calidad y, ahora, con tarifas dolarizadas. La experiencia muestra que han sido ineficientes para proveer al desarrollo nacional y fundamentalmente resolver la prestación de los servicios básicos para la población.
Sin embargo, en nuestro país, ese modelo de prestación no es el único vigente. Las cooperativas de servicios públicos están presentes en más de 1.000 localidades del Interior argentino y constituyen un claro ejemplo de que otra visión y práctica es posible a la hora de llevar soluciones a las diversas necesidades de las comunidades. La primera de estas organizaciones solidarias comenzó a operar en 1926 en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, y desde ese momento multiplicaron su presencia en todo el país, sumando otros servicios a la prestación original y representando a lo largo de las décadas el fruto del esfuerzo compartido y la ayuda mutua.
Desde nuestra Propuesta Cooperativa, cuya versión actualizada se titula «Por una Argentina con democracia participativa y justicia social», sostenemos que así como el proyecto neoliberal se asienta en los grandes grupos concentrados como bloque hegemónico de poder, un nuevo modelo de país requiere de otros actores: los trabajadores en primer lugar, las pymes y las organizaciones del campo de la economía social y solidaria, destacando su participación esencial en la gestión de las empresas de servicios públicos.
Este esquema tripartito –usuarios, trabajadores, Estado– podría garantizar que la propiedad pública sea colocada al servicio de las necesidades populares, es decir, que el acceso a los servicios públicos esenciales, como el agua, el gas y la energía, sean considerados un derecho humano básico y se democratice su accesibilidad para la producción y el desarrollo nacional. La economía solidaria, se ha demostrado en escala global, fundada sobre la cooperación, la ayuda mutua y el fomento social distributivo, es complementaria de la economía pública, en lo que hace al papel regulador, ordenador y propulsor del desarrollo económico y social colectivo.
El modelo imperante, que va en el sentido contrario, insiste en obstruir el accionar cooperativo en lugar de promoverlo como factor de desarrollo social. Precisamente, a través del proyecto original de Ley de Presupuesto 2019, ha mostrado su pretensión de imponer un cambio doctrinario impositivo que ataca a la tradición legal y filosófica argentina, la cual siempre consideró al acto cooperativo como no sujeto al Impuesto a las Ganancias.
La historia centenaria del cooperativismo en la Argentina, en todos sus ámbitos de aplicación, desde el crédito al servicio público esencial, le permitió manifestarse unido e integrado para resistir este embate, a la vez que decidido a aportar para democratizar la economía y la sociedad, para que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social.
