Tras un cierre de año con derrotas en el Congreso, el gobierno apunta a las presidenciales con eje en las políticas de seguridad. Intenso calendario de comicios provinciales, en su mayoría, desdoblados del nacional. Encontronazos en la Corte.
28 de diciembre de 2018
Bullrich. La ministra, con efectivos de Gendarmería en un operativo de secuestro de armas. (NA)
Hay una suerte de eslogan que se fue popularizando entre los sectores peronistas menos amigables con el oficialismo. «Hay 2019», dicen, en referencia a la posibilidad de triunfar en las presidenciales de octubre. Ese 2019 electoral está a la vuelta de la esquina, porque siguiendo ya tradicionales estrategias, habrá elecciones provinciales a lo largo del país a partir de febrero, cuando se lleven adelante las primarias en La Pampa.
En concreto, 17 provincias ya decidieron adelantar comicios para gobernadores, intendentes y legisladores locales, pero otros distritos, entre los cuales están los territorios en manos de Cambiemos, como Jujuy, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, todavía no tomaron una decisión. Formosa y Salta es muy probable, aunque no definitivo, que convoquen el mismo día que se elige primer mandatario y legisladores nacionales. El jujeño Gerardo Morales, que irá por su reelección, analiza la mejor jugada para quedarse cuatro años más y no descartó ir por separado. En CABA y La Plata, el panorama depende de las pujas internas y de las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta tiene el aval de la Legislatura porteña para unificar comicios mientras que del otro lado de la avenida General Paz todo es más incierto. Sucede que María Eugenia Vidal debería modificar varias leyes para desdoblar de acuerdo a las expectativas más favorables para el triunfo cambiemita, que sería someterse a la voluntad popular antes de junio.
Mano dura
El actual no es el mejor momento político para el gobierno. Los indicadores económicos continúan empeorando. La inflación y la desocupación están al tope y el cierre de pymes se cruza con los casos judiciales que golpean no solo a la principal figura de la oposición, Cristina Fernández, sino a los más grandes empresarios nacionales.
De tal manera que el gobierno debió suspender su principal apuesta para una recuperación económica en tiempo de campañas electorales, como el ambicioso Programa de Participación Público Privada (PPP), que hubiese desplegado obras por más de 20.000 millones de dólares pero que con más de 800 puntos de riesgo país, amenaza de default y empresarios desfilando por los Tribunales, no consiguió financiación externa.
En Brasil, el principal socio comercial argentino, asume la presidencia un exmilitar que ganó con Lula da Silva preso y proscripto, pero también bajo la promesa de combatir el delito con mano dura. Aquí, el gobierno de Macri había tomado una línea agresiva contra el conflicto social desde que, a días de asumir, reprimió brutalmente una protesta de trabajadores de Cresta Roja. Después vendría la «doctrina Chocobar», un aval presidencial para el gatillo fácil y el nuevo protocolo de seguridad que, entre otras acciones, permite a los policías federales disparar sin dar la voz de alto. Pero el dato que salió a relucir tras la Cumbre del G20 fue que la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la única en el gobierno que había crecido. Influyó que el encuentro de los mayores líderes políticos del mundo se haya desarrollado en forma relativamente calma, bien que al precio de una ciudad sitiada.
El ejemplo brasileño elevó el predicamento de los sectores más extremos del espectro político, mucho más cercanos a la violencia institucional que al debate democrático, Bullrich representa esa tendencia y aparece como posible acompañante de Macri en una fórmula para la continuidad oficialista. En ese contexto, los estrategas del macrismo buscan instalar a las políticas de seguridad como uno de los ejes de la campaña.
Extraordinarias
El cierre del año político no fue el mejor para el gobierno. En las sesiones extraordinarias no pudo imponer ninguno de los proyectos que presentó: la ley de barras bravas y el proyecto para la financiación de las campañas políticas. En cambio, uno que nació de dos diputados de la diáspora peronista, Diego Bossio y Marco Lavagna, para reformar la ley de Papel Prensa, salió airoso del debate parlamentario, con los votos del sector impulsor y del macrismo.
La suerte corrida por las iniciativas gubernamentales es una señal de que otros son los tiempos que se vienen en el Congreso. La ley que se presentó como de «transparencia» de los aportes de empresas quedó trabada en el Senado aunque, ya en Diputados, Elisa Carrió se había diferenciado. Las críticas más enconadas consideran que ese «sinceramiento» consolidaría la inequidad de fondos entre los candidatos. No son pocos los que lo ven incluso como una maniobra para diluir el escándalo de los aportes en las campañas de Cambiemos en CABA y Buenos Aires.
Tampoco pasó el filtro del Congreso la ley contra la violencia en el fútbol, una iniciativa del mandatario ahora sorprendido por la existencia de los barras, aunque presidió Boca Juniors entre 1995 y 2008 y sigue siendo el hombre fuerte de esa institución. La normativa volvió a comisión en Diputados a pedido de Martín Lousteau, aliado de Cambiemos.
Desde el bloque oficialista echaron culpas de esta doble frustración a chicanas del Frente para la Victoria.
La ley que sí pasó, y casi sin debate, fue la que elimina el precio único del insumo básico para la impresión de los diarios. Conforman el paquete accionario de Papel Prensa el Estado Nacional, Clarín y La Nación. Pero hay un acuerdo de sindicatura entre los dos privados. Los medios más chicos del país y los cooperativos serán los principales afectados por la ley que beneficia al multimedios, que podrá dictar el costo del papel a voluntad.
