Tras un año de debate oral y público, el Tribunal Federal 1 de San Martín condenó a dos exdirectivos de Ford por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Un hito en la sanción de la responsabilidad civil.
28 de diciembre de 2018
El banquillo de los acusados. Una muestra basada en la causa judicial se exhibe en la ex-Esma. (Jorge Aloy)
Aun año de su inicio, se dictó la sentencia del juicio conocido como «Causa Ford», que condenó a dos exdirectivos de la sede Argentina de la multinacional y a un exmilitar. Luego de 42 años, los 24 trabajadores y delegados que sufrieron persecución política y fueron detenidos en sus domicilios particulares o en el lugar de trabajo, en cuyas instalaciones de la localidad bonaerense de General Pacheco también fueron torturados, pudieron sentar a los acusados en el banquillo para exigir Verdad, Memoria y Justicia. Por unanimidad, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín –integrado por Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero– condenó como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos a Pedro Müller –exgerente de manufactura de Ford Argentina– a 10 años de prisión, Héctor Sibilla –exjefe de seguridad de la multinacional– a 12 años y al ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, a 15 años. 12 de los 24 trabajadores fallecieron, lo mismo ocurrió con el presidente y representante legal de la compañía en 1976, Nicolás Enrique Julián Courard y el gerente de relaciones laborales, Guillermo Galárraga. El Tribunal dispuso que las condenas se cumplan en cárcel común, una vez que el fallo esté firme.
Delegados, las víctimas
«Se ha podido establecer que la represión estuvo particularmente centrada en la acción sobre el cuerpo de delegados de la empresa Ford Motor, de General Pacheco. Del total de víctimas registradas a la fecha, 24 trabajadores y delegados detenidos en 1976 han señalado de manera contundente la participación de los directivos de Ford en los procesos de secuestros, detenciones y torturas de las que fueron objeto», señala la investigación Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado realizada de manera conjunta por FLACSO Argentina, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, que la querella de la causa –a cargo de Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta– pudo incorporar al debate. Y continúa: «El caso de los operarios de Ford cobra especial importancia porque en el mismo predio de la empresa se destinó el espacio del quincho para alojar y torturar por varias horas a los delegados detenidos. Asimismo, existen una multiplicidad de testimonios y evidencias que describen la vinculación que la empresa mantenía con fuerzas de seguridad y fuerzas militares para erradicar cualquier tipo de activismo dentro de la fábrica; así como también los aportes de una lista de nombres de trabajadores, información y recursos logísticos».
En el proceso de la «Causa Ford» se puso en evidencia el sistema de complicidad entre empresarios (la multinacional no es la única investigada), personal jerárquico de la empresa, gobierno militar y miembros del Ejército, y en consecuencia se demostró la participación que tuvieron los civiles en los secuestros y torturas contra obreros de la planta que la multinacional tiene en General Pacheco. Aunque la multinacional intente despegarse. «En los 80 y 90 la empresa negó los hechos; después de los Juicios por la Verdad y la anulación de las leyes de impunidad, cuando se inician las investigaciones, la empresa dice: “Nosotros no somos parte. Hay exdirectivos imputados y víctimas que eran trabajadores de Ford, pero nosotros no tenemos nada que ver”. Esto lo sostienen hasta hoy», afirmó en una entrevista Alejandro Jasinski, historiador y parte del equipo que llevó adelante el juicio.
La condena a los exdirectivos de Ford, marca, sin lugar a dudas, un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado, en un universo donde cerca del 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios.
