Los trabajadores de la línea de bandera denuncian los planes de Cambiemos para vaciar la empresa, en el marco de una política que beneficia a las low cost. Negocios inmobiliarios como parte del mismo esquema de gobierno en la capital argentina.
28 de noviembre de 2018
Tormenta. La privatización, en los 90, fue un escándalo: la compañía pasó a la estatal Iberia y terminó en manos de un empresario español. (NOTICIAS ARGENTINAS)
Como ocurrió en los 90, Aerolíneas Argentinas (AA) es un caso testigo de la política de un gobierno respecto a los bienes públicos. En aquella época había un comunicador que logró imponer el latiguillo de que «doña Rosa» no tenía por qué pagar el déficit de los ferrocarriles. Quienes recordaron a aquel difusor mediático fueron el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el marco de un nuevo paro de los trabajadores por el cumplimiento de la paritaria que habían firmado los directivos de la compañía estatal y contra la suspensión de 376 aeronáuticos por haber participado de una asamblea.
Todo se inició cuando los empleados de AA y de Austral reclamaron la aplicación de la cláusula gatillo pactada y homologada por si la inflación se desbocaba. En los primeros días de noviembre, el presidente de AA, Luis Malvido, les anunció que no iban a acatar lo que habían firmado a principios de año. Los gremialistas aseguran que incluso los desafió a que tomaran las medidas que quisieran.
Como en los 90, los medios hegemónicos tildaron a la primera medida de fuerza de «paro salvaje» y detallaron la cantidad de pasajeros que no habían podido volar. También destacaron declaraciones del primer mandatario y del titular de Transporte. «Todas las líneas aéreas que funcionan acá y en la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país pongamos plata todos los meses», dijo Macri, que desde que llegó al gobierno siempre viajó al exterior en aerolíneas extranjeras. «Es inaceptable que Aerolíneas siga recibiendo plata de los argentinos ya que necesitamos trabajar juntos en mayor productividad», repitió Dietrich.
En los 90, Aerolíneas era rentable y sirvió para mostrar la voluntad privatista de Carlos Menem, pero fue un caso escandaloso, porque tras su paso a la estatal española Iberia terminó en manos de un empresario de esa nacionalidad luego procesado y detenido en la península por fraude, Gerardo Díaz Ferrán.
Reestatizada por Cristina Fernández, la estrategia de Cambiemos fue abrir la competencia a empresas de low cost, entre ellas la colombiana Avianca, que compró MacAir a la familia Macri. La más famosa por los continuos incidentes, sin embargo, es Flybondi, cuyos propietarios tienen cercanía con el ex número 2 de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
La política oficial parece apuntar no tanto a privatizar nuevamente AA como ir vaciándola para que se desvanezca lentamente, como lo indicaría el cierre de la ruta Buenos Aires-Barcelona y de las oficinas comerciales en Punta del Este. Los dirigentes sindicales Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas (APLA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Cristian Erhardt, de la Unión de Pilotos de Líneas Aéreas (UALA); y Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA), se preparan para una larga resistencia.
El senador Pino Solanas detalló que AA y Austral cubren servicios en siete provincias donde no van las privadas. Pero abundó en lo que implica una inversión estatal. «Según un estudio de la Universidad de Oxford, por cada puesto de trabajo en Aerolíneas Argentinas se crean 2,7 puestos de trabajo indirectos, así como por cada peso de valor agregado generado por Aerolíneas se producen 2,94 pesos como resultado del impacto de la cadena de valor y de los gastos de sus empleados a nivel local», describió en una columna para Infobae.
Vender terrenos
La perspectiva desde donde Cambiemos mira la gestión del Estado también es clara en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que Macri fue elegido jefe de Gobierno, en 2007, se habló de su plan para vender los terrenos del Tiro Federal Argentino (TFA) y el Cenard.
El 20 de noviembre se subastaron los terrenos del TFA de Libertador y Udaondo. Una firma de las familias Werthein y Sielecki, de buena llegada al oficialismo y socios controlantes de Transportadora de Gas del Sur se quedaron, por 152 millones de dólares, con el predio donde se podrán construir 150.000 metros cuadrados en torres de hasta 100 metros de altura.
Según Reporte Inmobiliario, el costo de la construcción ronda los 825 dólares el metro cuadrado y el de venta de un inmueble terminado los 3.000 dólares, con lo que la ganancia privada en este caso puntual supera el 100%.
En esa misma semana, la Legislatura porteña fue vallada en medio de un impresionante operativo de seguridad. Así, el oficialismo impuso su número para aprobar la creación de la Universidad Docente de la Ciudad (UniCABA), una decisión rechazada por la comunidad educativa de los 29 establecimientos de la ciudad.
Además de estar en contra de una reforma a la enseñanza superior no consultada con los afectados y por el que temen perder presupuestos, la autonomía y la libertad de cátedra, también denuncian que el proyecto contempla un gran negocio inmobiliario, con la posibilidad de vender edificios históricos, como el Mariano Acosta o el Romero Brest.
Estas políticas no podrían implementarse si no es con represión, como se advirtió desde el momento en que Cambiemos llegó al gobierno, y con un sistema judicial alineado.
El embate judicial-mediático contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, muestra la suerte que corren magistrados díscolos con las necesidades del gobierno. Carzoglio investiga una presunta asociación ilícita de Pablo Moyano con la barra brava de Independiente. Moyano, vicepresidente del club, es el líder del sindicato de Camioneros y junto con su padre se enfrentan a Macri dentro de la CGT y están articulando con los gremios de las dos CTA y bancarios un frente sindical para oponerse a las políticas macristas.
El fiscal de esa causa, Sebastián Scalera, había pedido la detención de Moyano. El juez estimó que no había elementos suficientes, pero afirmó que desde La Plata recibió presiones del Procurador Julio Conte Grand y que personas de la Agencia Federal de Inteligencia le habían sugerido que el presidente de la Nación estaba interesado en ver a Moyano entre rejas. También denunció «carpetazos» a través de los medios sobre actuaciones suyas en otras causas. El 22 de noviembre se le abrió juicio político en el Senado provincial.
El jurado de enjuiciamiento bonaerense había destituido en agosto a Luis Arias, el juez platense que había dictado resoluciones a favor de los trabajadores docentes y rechazado aumentos de tarifas de servicios públicos. Lo acusaron de prevaricato y abuso de autoridad.
A Carzoglio lo imputan de mal desempeño por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas, y por haber resuelto beneficios a presos de expedientes de otros juzgados. El 25 de noviembre ordenó desalojar la planta de Siam, donde los trabajadores hacían un acampe en contra del despido de 20 compañeros. La Policía Bonaerense volvió a desplegar su violencia.
