Los trabajadores resisten la poda presupuestaria y la estigmatización del gobierno y los medios de comunicación oficialistas. El presidente Macri dijo que habría que dinamitarlo. Ellos sostienen que les cortaron los insumos y no pueden producir.
27 de septiembre de 2018
Más allá de las consecuencias de los problemas económicos generalizados, el Astillero Río Santiago (ARS) sufre un daño infligido por el gobierno de Cambiemos que, en aras de bajar el déficit fiscal, quitó los insumos para que la producción pueda continuar. Así es como 3.300 trabajadores temen por sus puestos de trabajo.
Las alarmas se encendieron en julio pasado cuando Mauricio Macri contestó a un empresario que preguntó por qué no se reparaban barcos en el último astillero en manos del Estado: «Habría que dinamitarlo», dijo. Luego hubo recortes de dos ítems salariales y declaraciones del gobierno provincial que aseguran que el astillero, ubicado en Ensenada, es improductivo y «no termina un barco hace casi diez años».
Fuentes internas, en cambio, aseguraron que actualmente tienen siete proyectos parados por la falta de materiales esenciales, como tubos de oxígeno para soldaduras.
El ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, habló de intencionalidades políticas en el reclamo de los trabajadores. El testimonio de un gerente de Producción, Raúl Valenti, ingeniero con 40 años de trayectoria, lo desmiente. Valenti dijo al portal Infocielo que en la década pasada se fabricaron cinco buques para Alemania, dos corbetas para la Armada Argentina y se hizo la reparación de media vida de la fragata Libertad. Además de obras de gran envergadura como compuertas de acero para diques y represas, el techo del Estadio Único de La Plata, turbinas para centrales hidráulicas y el domo de la central nuclear Atucha.
El cuestionamiento puntual hacia los buques petroleros encargados por Venezuela, todavía sin terminar, también dejan mal parado al gobierno. Del Eva Perón solo resta por terminar un 3% y con solo poner 75 millones de dólares, el Estado recibiría unos 215 millones.
Si de rentabilidad se trata, el ARS había cotizado 220 millones de dólares por la construcción de barcos para la Armada Argentina que el gobierno está por comprar a Francia e Israel por 350 millones. Además, diariamente se realizan arreglos para la Marina y para privados: empresas como Buque Bus, remolcadores y pesqueros cuentan con sus servicios, datos que refutan la idea de la no existencia de mercado para que esta empresa opere.
Para Juan Contrisciani, trabajador y delegado, el embate contra el ARS tiene que ver con el ajuste, pero también con la apuesta a la actividad privada y la importación: «El gobierno está impulsando el “charteo”, el fomento de uso de barcos traídos desde el exterior», dijo.
Los trabajadores –que habían resistido las privatizaciones de los 90– realizaron medidas de protesta bien recibidas por la sociedad, como una marcha a la gobernación, fuertemente reprimida el 21 de agosto, y tomas pacíficas de la planta y el Ministerio de Economía provincial. «Todos estamos sufriendo las tarifas, la inflación, la baja de salarios y despidos. Pero en la lucha del astillero mucha gente se ve reflejada», observó el delegado.
Si bien estas acciones obligaron a que el gobierno asegure públicamente que no quiere cerrar la planta, los trabajadores insisten en que se prosiga con la producción: «No queremos estar adentro sin hacer nada como en los 90. Porque sabemos que esa es la antesala para una reducción de personal vía retiros voluntarios», analiza Contrisciani.
Los obreros del astillero poseen una preparación de diez años de acuerdo con estándares internacionales. En ese sentido, el ingeniero Valenti se lamentó: «Es una picardía que no se tenga en cuenta a la industria naval más grande de Argentina. Es necesario invertir en una fábrica para poder exigirle a los obreros que cumplan con su trabajo».
