El presidente presentó en Jujuy al primer contingente militar para el control fronterizo tras la firma del decreto 683. Los riesgos de la «doctrina Chocobar» y la represión violenta contra la protesta social. Prefectos exonerados por un caso de gatillo fácil.
27 de agosto de 2018
Roles. Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Mauricio Macri y Gerardo Morales, entre uniformes. (NA)
Teníamos una ausencia del Estado en kilómetros y kilómetros de fronteras y hoy estamos acá para anunciar un programa de coordinación de nuestras fuerzas para lograr eso tan importante, que es trasmitirnos la tranquilidad de que estamos cuidados», dijo Mauricio Macri el 17 de agosto en Huacalera, Jujuy, al poner en marcha el decreto 683/2018 que reformula el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. La particular interpretación de lo que significa «presencia del Estado» es un sello de la gestión Cambiemos, lo mismo que el apoyo a la policía dura en todo el país. Y esta pequeña reseña muestra las marchas y contramarchas de este programa de gobierno.
Cuatro días antes de la visita de Macri a Jujuy, donde fue acompañado por el gobernador Gerardo Morales –protagonista principal del embate judicial contra Milagro Sala–. la ministra de Seguridad se propuso dar un nuevo espaldarazo al policía Luis Oscar Chocobar, procesado por homicidio agravado y con un embargo de 420.000 pesos tras haber matado por la espalda a un joven de 18 años en diciembre pasado. La funcionaria se reunió con el suboficial de Avellaneda junto con la senadora bonaerense Gladys González y el jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad, Gerardo Milman.
El domingo 15, Cristofer Bocha Rego circulaba con una camioneta Peugeot Partner por Ancaste y Monteagudo, en Parque Patricios, cuando se topó con un control de efectivos de Prefectura Nacional. El joven, de 26 años, había sido padre un mes y medio antes y conducía un vehículo que le había comprado a un amigo por lo que aún no tenía los papeles en regla. Por eso desoyó la voz de detenerse.
La camioneta apareció baleada a 300 metros, a la entrada de la villa 21-24. Adentro estaba el cuerpo sin vida del muchacho. La Policía Metropolitana encarriló la investigación a un ajuste de cuentas. Pero el fiscal Daniel Pablovsky ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona. Ahí se ve que la camioneta esquiva el retén, pero el conductor pierde el control tras recibir dos disparos mortales. Luego, un par de efectivos de la Prefectura Nacional Argentina (PNA) comprueban que Rego está muerto, recogen las vainas servidas de sus armas reglamentarias y se retiran apresuradamente.
Ocho efectivos fueron detenidos y procesados por homicidio agravado, mientras que desde la PNA anunciaron que iban a ser exonerados de la fuerza. Bullrich, esta vez, apoyó la expulsión de los implicados.
El martes 21 de agosto, la policía bonaerense reprimió brutalmente a trabajadores del Astillero Río Santiago que reclamaban contra el cierre de la planta. Para el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, los incidentes comenzaron cuando «una persona encapuchada se lleva por delante el patrullero y se tira adelante». Las escenas filmadas no corroboran esta versión.
A todo esto, el escándalo de los cuadernos comenzó a ocupar la atención de los medios hegemónicos justo el 1º de agosto, cuando miles de personas marchaban en todo el país recordando el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado durante una represión de Gendarmería en Chubut.
Los casos de gatillo fácil crecen de manera alarmante, advierte la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), mientras que la Comisión Provincial de la Memoria computó durante 2017 nada menos que 121 muertes por el uso letal de la fuerza en la provincia de Buenos Aires. «La militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir dignamente», dijo el presidente de esa entidad, Adolfo Pérez Esquivel, al presentar el Informe 2018.
