El ahorro fiscal puesto en marcha bajo la supervisión del FMI impacta de lleno en los presupuestos provinciales, que enfrentan una doble encerrona: la reducción de los recursos remitidos por Nación y del gasto primario. Eliminación del «fondo sojero».
27 de agosto de 2018
Negociaciones por el Presupuesto 2019. Ministros de economía de Misiones, Río Negro, Santiago del Estero y Neuquén con Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne en la Casa Rosada. (NA)
En agosto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció un nuevo ajuste fiscal que impactó de lleno en los alicaídos presupuestos de las 24 provincias. Según Hacienda, la suspensión del cronograma de reducción de retenciones a los derivados de la soja, la reducción de reintegros a las exportaciones y la eliminación del Fondo Federal Solidario (conformado con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja) –reclamadas por el Fondo Monetario Internacional– generarán un «ahorro fiscal» estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y de 53.000 millones de pesos para 2019. «El “fondo sojero” se compensa, en parte, porque si bien las provincias pierden 8.392 millones de pesos, recuperan 2.653 millones por los cambios en reintegros, por lo que el impacto será de 5.680 millones de pesos», calculó un funcionario de Hacienda en distintos medios. Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), las provincias se enfrentan «a un doble escenario de ajuste: reducción de los recursos remitidos por Nación, más reducción del gasto primario». En el mismo sentido, desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), sostienen que «de concretarse el ajuste en los términos del acuerdo con el FMI al cabo de dos años casi se extinguirían las transferencias a las provincias (con un recorte del 75%)».
De acuerdo con el trabajo del IPYPP, en el marco de los presupuestos sancionados, el déficit primario de las 24 provincias alcanza 60.836 millones de pesos, mientras que el global, llega a 136.848 millones, donde solo cinco son superavitarias, una alcanza equilibrio financiero (CABA) y 18 son deficitarias. Si bien el sector más relevante en cuanto a toma de deuda externa es el gobierno nacional, según datos del Observatorio de la deuda del Instituto de Trabajo y Empleo (ITE), «se observaron en 2017 emisiones en moneda extranjera por un total de 5.183 millones de dólares por parte del Sector Público Provincial y Municipal (8%). Al comparar con 2016, muestra una reducción notable (-27%). Mientras que a julio de 2018 este sector presentó emisiones por 90 millones de dólares (0,4% del total)». A su vez, para la calificadora Moodyʼs «las provincias argentinas seguirán afrontando una serie de desafíos fiscales y experimentarán disparidades sostenidas en su desempeño económico en los próximos dos años, a pesar de la aprobación de una nueva y más rigurosa ley de responsabilidad fiscal en 2018». De acuerdo con el informe, las provincias también harán frente a «mayores cargas de deuda tras haber aumentado su exposición a los mercados de capitales en los últimos dos años, ya que los bonos tienen tasas de interés más altas que los créditos del gobierno nacional». Y aseguró que el acuerdo entre Argentina y el FMI es negativo en términos crediticios para las provincias, ya que tendrán que compensar la reducción prevista de las transferencias discrecionales mediante un recorte de sus gastos, lo que podría ser desafiante ante el proceso inflacionario en el país y las elecciones de mediados de 2019. Moodyʼs prevé, además, que las más afectadas serán aquellas con una mayor proporción de transferencias discrecionales con relación a sus ingresos totales, tales como la provincia de Buenos Aires, Chubut, Misiones y Chaco.
Para pocos
Tras la eliminación por Decreto de Necesidad y Urgencia del Fondo Federal Solidario (FFS), las provincias y municipios dejarán de recibir 35.000 millones de pesos entre agosto de 2018 y diciembre de 2019. El FFS, creado mediante decreto en 2009, tuvo como finalidad transferir recursos a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios para financiar obras, principalmente de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, para incidir en la calidad de vida de la población. Con esta medida, el gobierno estima un «ahorro fiscal» de 8.500 millones de pesos en 2018 y 26.500 millones en 2019. Según datos de Hacienda, hasta julio pasado, el gobierno nacional desembolsó –por este Fondo– 14.380 millones de pesos entre 22 provincias. La Pampa y San Luis ya no lo recibían por no adherir en 2017 al Pacto Fiscal. Los distritos que más sentirán la eliminación son: Buenos Aires, que dejará de percibir 7.734 millones; Santa Fe (-3.147 millones); Córdoba (-3.127 millones); Chaco (-1.757 millones); Entre Ríos (-1.719 millones) y Tucumán (-1.675 millones).Tras la medida, los gobernadores reprocharon públicamente al gobierno haber adelantado la eliminación, y varios de ellos presentaron amparos ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los especialistas coinciden en que serán los municipios los más afectados, ya que el FFS fijaba que el 30% de los recursos que iban a cada provincia se repartían automáticamente a los municipios. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dijo que su ciudad perderá recursos que se destinaban íntegramente a obra pública. «Por DNU, definieron recortarle 240 millones de pesos a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras, como las del Policlínico San Martín, el Hospital Carrasco o cloacas para varios barrios», escribió la jefa comunal en Twitter. «Es una muy mala noticia para todos los que creemos en un país más federal», afirmó. En Córdoba, la eliminación del Fondo implica que la provincia deje de coparticipar a municipios y comunas 700 millones de pesos. «Para Río Cuarto, hoy, en promedio, son dos millones de pesos por mes, y no hay un régimen de sustitución de estos fondos de manera inmediata», remarcó Pablo Antonetti, secretario de Economía local. «Desde comienzos de año ya se notaron algunos atrasos en los depósitos de esos fondos», señaló a su vez el intendente de Río Ceballos, Omar Albanese. Mientras que intendentes bonaerenses, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la provincia, recurrirán a la Justicia para frenar el decreto. «Esta decisión interrumpe obras presupuestadas como escuelas, hospitales, conexión de agua potable», explicó el Defensor Guido Lorenzino.
Pero el ajuste fiscal para las provincias no se detiene con la eliminación del Fondo Sojero (26.500 millones de pesos), sino que el gobierno nacional tiene en carpeta además reducir la coparticipación del IVA (entre 35.000 y 40.000 millones) y también planea recortar subsidios al transporte (40.000 millones), para llegar al número mágico: 100.000 millones de «ahorro» provincial, en el marco de los 300.000 millones prometidos al FMI.
