La intervención del Partido Justicialista, los aportantes truchos de la campaña de la alianza oficialista Cambiemos en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y el caso de los cuadernos reinstalan a los tribunales en el centro de la escena política.
8 de agosto de 2018
De regreso. El sanjuanino Gioja recuperó la dirección del PJ. A su lado, Magario y Menéndez. (Noticias Argentinas)
La riña jurídica en torno a la intervención del Partido Justicialista, principal fuerza de la oposición, sumó un nuevo capítulo. La Cámara Nacional Electoral revocó la decisión que había tomado el 10 de abril la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, y ordenó reponer a las autoridades desplazadas, encabezadas por José Luis Gioja. No obstante, le encomendó a la magistrada investigar las irregularidades que fueron denunciando en estos cuatro meses los «normalizadores», liderados por el siempre polémico dirigente gremial Luis Barrionuevo.
En su fallo, los camaristas Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera explicaron que la intervención judicial de un partido político es una medida excepcional, que solo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, algo que no aconteció en este caso. Dalla Via y Corcuera compartieron la postura del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, quien sostuvo que la resolución de Servini de Cubría «adolece de severos defectos en los presupuestos de fundamentación», pues «los argumentos de la sentencia, en su totalidad, han sido solamente de carácter político y no jurídico». «Si se estimara relevante la circunstancia de que la agrupación tuviera “adversos resultados electorales” –según sugiere la señora juez (…)– los cómputos de las últimas elecciones presidenciales podrían poner en condición de ser intervenidos a todos los partidos que integraron las cinco alianzas que no resultaron ganadoras en los comicios», indicó el fallo.
Mientras tanto, el ahora exinterventor decidió apelar la resolución, por lo que la disputa por el sello partidario entre los distintos espacios del peronismo continuará.
Responsabilidades
Esta no es la única investigación de alto impacto político que se sustancia en Tribunales. Por caso, aún no fueron aprobados los balances que presentaron las principales fuerzas políticas en 2015, entre las que se destacan el FpV y Cambiemos. El tema del financiamiento de las campañas recobró presencia a partir de un trabajo periodístico de Juan Amorín, de El Destape, quien reveló la existencia de aportantes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017. El informe golpeó de lleno a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una de las figuras estelares del oficialismo, y motivó el desplazamiento de la contadora general de la provincia y tesorera del partido en territorio bonaerense, María Fernanda Inza. El fiscal Di Lello ya remitió su pesquisa preliminar a la Justicia federal de La Plata.
Vidal es la presidenta del partido en Buenos Aires y, si prospera la investigación, podría ver complicada una posible postulación el año próximo. Según el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de los partidos políticos «el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios» cuando «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos».
Este caso, que sacudió al PRO y resquebrajó su armado con el radicalismo en algunos distritos, puso sobre la mesa la problemática del financiamiento de la política, algo que no se resuelve solamente con la bancarización de los aportes privados, tal como deslizó Vidal a la hora de buscar una salida rápida al escándalo. La bancarización, por sí sola, no resuelve la cuestión. Además, si Cambiemos quería actuar de manera transparente, en consonancia con su discurso público, podría haber tramitado los aportes mayormente a través de operaciones bancarias, tal como hicieron otras fuerzas políticas sin necesidad de que la ley lo fije como obligatorio. Subyacen en este punto los aportes de empresas, actualmente prohibidos por la ley argentina y en la mayor parte de los países del mundo. La financiación debe provenir de personas físicas y tener topes en cuanto a los importes permitidos, lo contrario dejaría librada la política a la capacidad recaudatoria de los partidos, tal como ocurre en Estados Unidos.
Buena letra
Otro caso despuntó mientras se debatían los aportes truchos de Cambiemos. El denominado «escándalo de los cuadernos» motorizado por una investigación del diario La Nación. El militar retirado Oscar Centeno, quien era chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, habría registrado durante 10 años en distintos cuadernos, con minucioso detalle, cómo circulaba la supuesta coima que empresarios de contratistas del Estado pagaban a funcionarios de la cartera que conducía Julio De Vido.
La presunta revelación afecta directamente al kirchnerismo y hace temblar al mundo empresarial. Ya hay más de una decena de ejecutivos involucrados en la causa por sobornos. Figuran, entre otros, desde Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, a Héctor Javier Sánchez Caballero y el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, de Iecsa, la constru ctora que hasta hace muy poco era del Grupo Macri.
Por el lado estrictamente político, la pesquisa que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli apunta a Cristina Fernández. La expresidenta se mostró el 3 de agosto en un acto junto al sindicalista Hugo Moyano, también atosigado por distintas acusaciones en Tribunales, en lo que se interpretó como un gesto fuerte ante las complicaciones judiciales que ambos enfrentan. Incluso, se hizo trascender que limaron asperezas y están tejiendo un frente electoral.
Esta nueva denuncia contra Fernández de Kirchner vuelve a ubicar al jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, como una suerte de juez que puede definir su suerte judicial. Es que si Bonadio pretende detenerla debe lograr primero que el Senado apruebe su desafuero. El referente del peronismo federal –quien no esconde su deseo de presentarse como candidato en 2019– aseguró que por el momento su espacio no acompañará la quita de la inmunidad parlamentaria ya que la expresidenta no tiene condena firme.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador General interino, Eduardo Casal, firmó un acuerdo con la Justicia brasileña para incorporar a las causas que hay en el país sobre el caso Odebrecht la información que se recabó en el Lava Jato –que llevó a Lula Da Silva a la cárcel– vía la «delación premiada». Muchos de los empresarios y funcionarios involucrados en la trama de los cuadernos se repiten en esos expedientes.
En este contexto, la Justicia tiene en su poder la posibilidad de avanzar con distintas pesquisas sobre importantes hombres de negocios y las tres figuras que mejor miden en las encuestas al día de hoy (Vidal, Macri y Fernández), por lo que sus decisiones tendrán un efecto determinante para el futuro cercano de la política nacional y hasta podrían incidir en el proceso electoral del año próximo, en el que se dirime un proyecto de país para, al menos, los próximos cuatro años.
