Las dificultades causadas por el deterioro de la situación económica pusieron en evidencia las diferencias existentes en la alianza gubernamental y alejan a opositores «amigos», mientras crecen las manifestaciones de rechazo a las políticas oficiales.
12 de julio de 2018
Protesta. Masiva marcha en Buenos Aires, con réplicas en ciudades del Interior, el día de la Independencia nacional. Repudio al regreso al FMI. (Guido Piotrkowski)
La incontenible crisis económica desatada por el gobierno de Cambiemos ha derivado, como era previsible, en crisis política. Los conflictos internos que al comienzo de la gestión macrista se manejaban silenciosamente, con la invalorable colaboración del blindaje mediático, tomaron ahora estado público. Esta situación se ve potenciada por la indignación de buena parte de la sociedad, expresada en multitudinarias concentraciones, como la convocada el último 9 de julio, pero también por protestas sectorizadas que tuvieron un carácter de inédita masividad, como las de los docentes que exigen la convocatoria a paritarias nacionales, la de los despedidos de la agencia oficial de noticias Télam o el abrazo al hospital El Cruce, de Florencio Varela, que movilizó a más de 10.000 personas en defensa de un establecimiento público de excelencia, donde se han realizado decenas de trasplantes y que atiende a una población precarizada.
Es cierto que los chisporroteos entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el superministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, son de larga data, pero nunca alcanzaron la dimensión actual. El primero admitió que el incremento en el impuesto a los pasajes aéreos y la creación de un nuevo tributo a los gastos con tarjetas de crédito en el exterior estaban siendo considerados con el fin de morigerar la salida de dólares, en tanto el segundo desmintió terminantemente esa posibilidad.
Los protagonistas de otra dura batalla que se entabla en el seno del oficialismo son el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quienes rechazan la transferencia total a sus respectivos distritos del financiamiento de los subsidios estatales al transporte público, los servicios de luz y gas y el traspaso de la Empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), una medida que pretenden imponer sus colegas de otras provincias que se sienten perjudicados en lo que hace a la asistencia que reciben del poder central.
Controversias
Por otra parte, se estima difícil que los mandatarios provinciales continúen colaborando incondicionalmente con el Poder Ejecutivo Nacional, entre otras cosas, porque el ajuste que se les solicita para cumplir con los compromisos establecidos con el Fondo, que incluyen la paralización de la obra pública, puede conducirlos a una debacle electoral y porque el gobierno ya no tiene nada que ofrecer a cambio de la subordinación.
En este contexto, tampoco contribuyeron a la distensión las declaraciones del exministro de Energía, Juan José Aranguren, quien admitió que no había renunciado a su cargo, sino que fue eyectado por decisión del presidente Mauricio Macri, presionado por sus adversarios internos en el Gabinete y por los gobernadores radicales.
Un párrafo aparte merece el caso de Elisa Carrió. Es que la desmesurada legisladora que ya había amenazado en el Congreso con romper la alianza oficialista, indignada por la aprobación en Diputados del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, desnudó las intenciones de Macri al reconocer lo que muchos suponían: que la determinación presidencial de permitir el debate parlamentario sobre el tema partía del diagnóstico de que la norma iba a ser rechazada. No conforme con ello, en una charla con empresarios, la diputada se despachó con una despiadada burla contra sus excorreligionarios: «La alianza Cambiemos está asegurada y los radicales harán lo que nosotros digamos. Ellos tienen que reconocer que están con una exmiembro que los maneja desde afuera», disparó. La sensibilidad de la dirigencia del más que centenario partido, a flor de piel por el maltrato a que los tiene acostumbrados el macrismo que los margina de todas las decisiones, se hizo patente en el violento comunicado emitido por el Comité Nacional que preside un viejo enemigo de Carrió, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Tras señalar que «la frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición», el texto apuntó al corazón mismo del macrismo: «La respuesta no puede ser “ya sabemos cómo es Carrió”. La respuesta es respetar de una buena vez a los socios de la coalición de gobierno que ella pretende destruir».
Entre las conflictivas cuestiones que deben resolverse en las próximas semanas ocupa un lugar destacado la relación con los movimientos sociales que se deteriora día a día. Si bien la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, mantiene un diálogo tenso pero cordial con sus principales referentes, solo les ofreció un aumento escalonado de 500 pesos. Uno de los voceros de las tres organizaciones más representativas, conocidas popularmente como «los cayetanos» fue contundente: «Ya no estamos discutiendo mantener el poder adquisitivo de un salario, sino que hay millones de personas que no pueden alimentarse», disparó.
Como si no alcanzara con las contrariedades descritas, una investigación del periodista Juan Amorín para el sitio El Destape implicó a funcionarios bonaerenses y podría acarrear severas consecuencias penales para los responsables, ya que han comenzado a detectarse violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, falsificación de firma y/o documento y, en otra causa paralela basada en una denuncia de la organización La Alameda, se denuncia lavado de dinero. Amorín constató que centenares de personas residentes en viviendas precarias del Conurbano bonaerense y que reciben planes sociales, aparecen en nóminas de supuestos aportantes de fondos a la lista que en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires encabezaban Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes se jactaban de representar a la «nueva política». Al respecto, la Cámara Nacional Electoral le envió un informe al fiscal Jorge Di Lello en el cual se confirma que, de una muestra de 100 presuntos donantes tomados al azar, 99 también figuraban como afiliados al Pro, sin que estuviesen anoticiados de ello. Hay claros indicios de que los datos personales de los que se sirvieron para ejecutar la maniobra provenían de los archivos de la ANSES.
