El vaciamiento de los medios públicos, la crisis laboral del sector de la comunicación y la definitiva legalización de uno de los mayores conglomerados empresarios de la región amenazan la pluralidad de voces y la libertad de expresión.
12 de julio de 2018
Buenos Aires. Miles de manifestantes protestaron contra el ajuste en Télam. (Horacio Paone)
Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Los ciudadanos porque recibirán de la Agencia Télam información objetiva, veraz e independiente. El periodismo porque podrá desplegar, sin presiones ni chantajes, su noble oficio». La provocadora frase con la que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, explicó los 354 despedidos de la agencia oficial Télam es un agravio para los trabajadores de prensa. No solo por la crueldad de celebrar la caída de puestos laborales, sino también porque descalifica a los profesionales despedidos.
Desde el inicio de la actual gestión gubernamental, la reducción de espacios de expresión y el despido masivo de periodistas es regla. En el área pública de la comunicación, el ajuste ya había comenzado en Radio Nacional y la Televisión Pública –y amenaza con continuar en ambos medios–, tanto como en Canal Encuentro, Paka Paka, Depor TV y la Televisión Digital Abierta.
En un marco de vaciamiento de los medios públicos y cese de las políticas de fomento a la producción audiovisual, los trabajadores de prensa sufren despidos casi a diario y cierre de medios. Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) son más de 3.000 los periodistas que quedaron sin trabajo desde 2016.
Casi en simultáneo con los despidos de Télam se confirmaron 42 despidos en Radio del Plata, que se suman a una larga lista de medios que enviaron telegramas, entre ellos, Crónica y Radio El Mundo y muchos que cerraron: El Argentino, Buenos Aires Herald, Agencia DyN, El Gráfico, Cosmopolitan y Muy Interesante, entre muchos otros. También, en la lista de cierres hay que sumar a Tiempo Argentino, El Ciudadano (Rosario) y La Mañana (Córdoba), los tres recuperados por sus trabajadores organizados en cooperativas, que evitaron de este modo no solo perder las fuentes laborales, sino también asegurar la presencia de voces distintas al discurso predominante en los medios.
Entre los periodistas, curiosamente, la mayoría de aquellos que protagonizaron hace unos años la recordada puesta en escena televisiva al son del «queremos preguntar», hoy mantienen un estruendoso silencio acerca de la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de medios. No todos, claro. Algunos, los más notorios, aprueban abiertamente lo que está ocurriendo y descalifican a los colegas que sufren el despido o la persecución.
Sin competencia
Casi en simultáneo con la noticia de los despidos en la agencia oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio el visto bueno, con mínimas condicionalidades, para la fusión de Cablevisión (controlada por el Grupo Clarín) y Telecom, poniendo el moño a la operación más grande en la historia de la comunicación en Latinoamérica. El gobierno nacional completó de este modo su alianza con el gigante comunicacional que, hasta ahora, mantiene una línea editorial de apoyo irrestricto a las políticas oficiales.
En un esfuerzo notable para sostener lo insostenible, la CNDC dio luz verde a un conglomerado que ostenta más del 50% de dominio del mercado de internet, el 40% de telefonía y televisión por cable y más de un tercio de la telefonía móvil. A lo que hay que sumar la única fábrica de papel para diarios del país, el diario de mayor circulación, radios, canales de televisión, productoras de contenidos, diarios provinciales, señales de televisión, sellos editoriales. Todo eso, según la CNDC, sin afectar la competencia.
Miles de periodistas sin trabajo y un esquema ultraconcentrado en camino a consolidarse configuran el peor contexto para que el derecho a la información sea una realidad para nuestro país. De ese modo, a contramano de lo declarado por Lombardi, pierden los ciudadanos y el periodismo.
