3 de abril de 2018
El movimiento de mujeres logró en los últimos años llevar a la agenda pública discusiones y reclamos por los que viene luchando desde hace décadas. Si la violencia de género dejó de ser considerado un asunto privado, propio del ámbito doméstico, para convertirse en un problema público, fue sin dudas gracias a la presión ejercida por las mujeres que ganaron las calles en los últimos años y las militantes que, desde mucho antes, vienen denunciando los aspectos más crueles de un sistema que tiene en la asimetría de género una de sus matrices sociales y culturales más persistentes.
La marea verde y violeta que inundó las calles el último 8 de marzo –fruto, a su vez, de una larga historia de luchas feministas– logró esta vez que las puertas del Congreso Nacional se abrieran para dar lugar al debate sobre el aborto. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó cinco veces su proyecto desde 2007, sin lograr su tratamiento. Esta vez, con la firma de 72 diputados y diputadas, y junto con otros cuatro proyectos que no cuentan con tantos avales, está siendo discutido en comisiones y se espera que logre dictamen para ser debatido en el recinto a principios de junio.
El proyecto sostiene que, «en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional». Además, establece que la práctica debe realizarse en los servicios del sistema de salud «en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento». La afirmación del aborto como un derecho –y no, como han planteado algunos defensores de la despenalización, como un mal menor al que la sociedad debe resignarse para evitar otros mayores– es un punto crucial: tomar decisiones libres y autónomas sobre el cuerpo, la salud y la sexualidad es un derecho humano, y como tal debe ser defendido.
Así lo han subrayado algunos de los comités de vigilancia de la ONU encargados de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que en más de una oportunidad instaron a los Estados a proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres mejorando el acceso a servicios de aborto. En el caso particular de la Argentina, en 2010 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) destacó que la principal violación a los derechos humanos de las mujeres en el país es la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera, y recomendó que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial implementen medidas y políticas públicas al respecto.
Por otra parte, en 2012, la Corte Suprema de Justicia, en el histórico fallo FAL, que autorizó la práctica de un aborto a una niña de 15 años violada por su padrastro, dejó abierta «la posibilidad de una despenalización mayor en manos del Congreso expresando que si así se decidiese no existirían objeciones constitucionales y convencionales», tal como señala el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Tras anunciar que habilitaría la discusión en el Congreso, Mauricio Macri aseguró estar «a favor de la vida», una muletilla que, utilizada hasta el cansancio por los grupos más conservadores, parece apuntar más a clausurar que a estimular cualquier tipo de debate. El argumento de la defensa de la vida, además, pierde fuerza cuando se advierte que los más de 20.000 embriones congelados obtenidos en tratamientos de fertilización asistida no son objeto de similares apologías. Nadie organiza marchas, misas ni campañas por los cigotos concebidos in vitro, quizá porque no amenazan –como sí lo hace el aborto legal– la subordinación de las mujeres a mandatos sociales y culturales forjados en la matriz del patriarcado.
Como ocurrió con la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género, que suscitaron idénticas reacciones y resistencias, en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito no están en juego solo los derechos de las mujeres, sino también la posibilidad de vivir en una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos de todos y todas.
Marcha. Decenas de miles de mujeres reclamaron la despenalización el último 8M. (Jorge Aloy)
