28 de diciembre de 2017
En el discurso de inauguración de un polo tecnológico, Mauricio Macri se preguntó: «¿Por qué las empresas chicas son buenas y las grandes son malas?». Esta cavilación es un buen ejemplo para definir el sentido de las reformas propuestas desde la presidencia: la fiscal, la previsional y la laboral.
Este «reformismo permanente», como lo llamó el presidente, no se agota en las reformas presentadas y preanuncia mayores avances en el futuro. Tampoco resulta novedoso: coincide con los reclamos de los grandes empresarios y de los organismos internacionales.
Todas las reformas tienen vasos comunicantes, y pretenden una fuerte reasignación de las cargas tributarias y del gasto, con un fortísimo impacto negativo en la distribución del ingreso.
Por ejemplo, la reasignación de los fondos enviados a las provincias, y el reconocimiento de una mayor participación a Buenos Aries, generan menores ingresos para la Seguridad Social. Se suma además un cambio en la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, que el presidente calculó en un «ahorro» para el Estado de 100.000 millones de pesos. La contraparte de este ahorro estatal son los ingresos que perderán los jubilados, pensionados y quienes reciben otras asignaciones. A prestar atención: la pérdida de los jubilados es permanente, puesto que en marzo se ajustarán seis meses transcurridos con un índice que recoge la inflación de solo tres meses, y de allí se aplicará la nueva fórmula. Se intenta aplacar las críticas con un devaluado bono por única vez de 375 pesos a la mayoría de los jubilados (los que entraron por moratoria), mientas que al resto se les otorga una suma de 750 pesos: una parcialidad inaceptable.
La reforma fiscal generará pérdidas de recaudación. Para las sociedades, la tasa del impuesto a las ganancias sobre las utilidades no distribuidas se irá reduciendo del 35% actual al 25% a partir de 2021.
Se irán equiparando los aportes patronales de las empresas. Para algunas se reducen del 21% al 19,5% en cinco años, mientras que para otras, entre las que se encuentran las pymes, se elevarán del 17% al 19,5% en idéntico plazo. Mayor tributación para las pymes, ya que a la vista del gobierno no parecen ser dignas de un tratamiento diferencial. La igualación de los distintos, que siempre lleva a mayor inequidad.
También se incrementaron algunos impuestos directos sobre productos, por ejemplo la cerveza, a la vez que se eliminaron otros. Una complicada arquitectura impositiva para funcionar como palo/zanahoria con los distintos gobernadores. Su objetivo: lograr el apoyo a las reformas.
En el paquete completo se encuentra también la reforma laboral, que posee un amplio rechazo de los trabajadores, por lo que el gobierno ha decidido trasladar su tratamiento parlamentario a los primeros meses de 2018.
En definitiva, las reformas no tienen otra función que profundizar severamente el ajuste y producir una concentración de la economía y de los ingresos
Durante la discusión del paquete fiscal, se intentó gravar con el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que desarrollan actividades financieras y de seguros. El afán recaudador del Ejecutivo primó por sobre una consideración elemental: las cooperativas no generan ganancias, son entidades sin fines de lucro. Ante un tratamiento exprés en el Congreso, la rápida respuesta del movimiento cooperativo y mutual dialogó y explicó su posición a los diputados, y logró que dicha Cámara lo rechazara por unanimidad. Cabe destacar la importancia del plan implementado por el cooperativismo, que consiguió más de 3.300 cartas de entidades sociales que rechazaban el gravamen. A futuro, el verdadero desafío será lograr que se reconozca la no sujeción de las cooperativas al Impuesto a las Ganancias, dado que no existe el hecho imponible.
Una muestra de las fortalezas del sector, y de lo que se puede lograr cuando se recurre al apoyo de los asociados y se incide en el marco de la política y de la dinámica del sistema democrático.
