13 de diciembre de 2017
Entre los muchos balances posibles a realizar al cabo de la primera mitad de mandato de Mauricio Macri, el de la relación del gobierno con los medios y el periodismo es uno que pone de relieve la esencia del proyecto de Cambiemos en el poder. A poco de asumir, en diciembre de 2015, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que, por decisión del presidente, «se termina la guerra del Estado contra el periodismo» y «comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI». La alianza oficialista llegó a la Casa Rosada, entre otros motivos, por el éxito de una sólida campaña discursiva que impactó en millones de argentinos con el apoyo fundamental de los medios de comunicación más poderosos del país. Por eso no sorprendió a casi nadie que, en uno de sus primeros actos de gestión, el gobierno derribara por decreto los límites legales para que los grandes grupos del sector multipliquen sus negocios. En lo empresario, entonces, asistimos a un acelerado proceso de concentración de la propiedad de medios y empresas vinculadas con la comunicación, cuya máxima expresión es la fusión entre Cablevisión y Telecom, que reduce los espacios alternativos a mínimos resquicios de expresión, con alcance cada vez más reducido.
El declamado fin de guerra, por cierto, no alcanza a todo el periodismo. Investigadores de cinco universidades nacionales elaboraron un documento titulado «Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina», en el que analizan el accionar oficial en lo que hace a los medios sin fines de lucro, a los que la ley –aún vigente en ese articulado– les reserva el 33% del espectro y propicia distintos programas de fomento. «La actual gestión del gobierno argentino restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social», sostienen. Sobre la relación del Ejecutivo con los medios comunitarios señalan que «todas las políticas desarrolladas se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras».
Así las cosas, el panorama para el derecho a la información es más que problemático. La diversidad de voces es virtualmente imposible si no hay multiplicidad de emisores actuando en condiciones de llegar a las audiencias. Algo que no puede ocurrir si en lugar de fomentar a los comunitarios, se los persigue y si, en lugar de limitar a los gigantes, se les permite acceder a nuevos negocios que consolidan su posición dominante.
No hay guerra contra el periodismo, como dijo Peña, sin embargo se contabilizan 2.500 periodistas que perdieron su trabajo en los últimos dos años. El cierre de medios es moneda corriente y no se puede dejar de lado la influencia política en el despido de connotados comunicadores con una mirada crítica hacia el oficialismo. Además, el gobierno argentino prohibió la entrada al país a periodistas que llegaban para cubrir las alternativas de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, desatando un escándalo internacional que lo obligó a revertir en parte la medida.
Y el panorama se completa con una dosis generosa de posverdad, término de moda que se pretende instalar como un nuevo fenómeno pero que, en suma, no es más que una forma de disfrazar la manipulación y la mentira. Y se convierte en un mecanismo de censura. Según el periodista español Pascual Serrano, «existe una nueva forma de censura, diferente de la tradicional, pero igual de eficaz: enterrar la verdad con la mentira o la información inútil».
En un sistema constitucional la función de los medios es fundamental en la medida que reflejen la diversidad cultural de la sociedad y las distintas corrientes de opinión, además de ofrecer fuentes informativas confiables. La política oficial en estos dos años consolidó el dominio del escenario de la comunicación por parte de un puñado de megaempresas aliadas que impide que se haga efectivo el derecho a la información, consagrado en la Constitucional Nacional y tratados internacionales.
