9 de agosto de 2017
El gobierno de Cambiemos intenta avanzar con su proyecto de Ley de Compre Nacional que, lejos de orientar la demanda interna a favor del desarrollo local, pone en manos de las trasnacionales un espacio principal como proveedores de la obra pública y de las inversiones del Estado. En Argentina, durante la década del 40, el Estado se focalizó en la industria nacional. La Libertadora puso fin a este proceso. En los 60 se comenzó a incluir ventajas para el capital nacional en las licitaciones públicas, pero el Onganiato las clausuró. En 1970 se promulgo la Ley 18.875 de Compre Nacional, por iniciativa de Aldo Ferrer, con el apoyo de la CGE y de la CGT. Esta ley ampliaba la preferencia nacional a toda la obra pública e impedía la participación monopólica extranjera. Durante los 90, el neoliberalismo liquidó ese régimen de compre nacional.
Hoy Cambiemos avanza hacia un nuevo marco jurídico que atrasa y, en contraposición a la ley vigente, beneficia al capital extranjero y es complementario de la reciente Ley de Asociación Público-Privada, que brinda la llave de entrada a la gestión monopólica de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras en la obra pública. Por ello es preciso ampliar significativamente el porcentual de preferencia a favor de empresas nacionales, en especial pymes y cooperativas. Resulta fundamental la ampliación de los sujetos obligados, especialmente el sector de servicios públicos y evitar que se incluya un nivel de norma internacional que beneficie a las multinacionales, lo que significaría que la gran mayoría de las empresas nacionales pierdan «competitividad» internacional. Ese es el argumento «modernizador» que propone el gobierno para justificar el mayor ajuste y desregulación que se cierne sobre nuestro país.
