La actividad regional se encuentra en estado crítico desde hace varios años pero la situación recrudeció con la devaluación y los tarifazos puestos en marcha en 2016. Este año se espera una buena cosecha, pero lejos de las cifras de hace una década.
26 de julio de 2017
La actividad olivícola argentina enfrenta un desafío clave ante las nuevas reglas de juego que impone la actual política económica. La devaluación de la moneda y la apertura comercial le ofrecen al sector una oportunidad para exportar, pero el incremento de los costos, principalmente de la energía eléctrica y del área logística, retrotrajo el año pasado los niveles de producción. Si bien en 2017 se espera una mejora en la cosecha, la caída en la campaña anterior se hará sentir. Desde el sector alertan sobre pérdidas irreversibles de empleos en las provincias productoras como consecuencia del abandono de la actividad olivícola.
Se trata de otro sector en crisis que afecta a las economías regionales de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En estas cuatro provincias la actividad genera en conjunto más de 100.000 empleos en forma directa e indirecta, entre las etapas agrícolas e industriales. Hay más de 100 plantas que fabrican aceite y 60 que procesan aceitunas, de acuerdo con datos de la Federación Olivícola Argentina. La concentración en el negocio de la exportación de granos empeoró la producción de otros cultivos regionales, que venían ya castigados por el avance de la sojización que prima en el modelo agropecuario. «La producción de aceitunas de mesa y para fabricación de aceite de oliva, una de las principales actividades de la región, dio rentabilidad negativa en los últimos años y esa condición se mantuvo en 2016», señala un informe realizado por el Movimiento CREA, que agrupa a casi 2.000 empresarios agropecuarios en todo el país. «Por la falta de rentabilidad, en los últimos años, los productores solo realizaron acciones para evitar la muerte de las plantas, lo que generó, a su vez, una reducción significativa de la producción», destacan desde CREA. Si se piensa en una recuperación de la actividad, debe tenerse en cuenta que «se necesitan siete años para que un árbol dé su primera cosecha de aceitunas, a fuerza de riego, fertilizantes y labores realizadas todos los días del año», señala el informe. A esto se suma que en 2016 hubo condiciones climáticas adversas.
Cabe agregar que muchos empresarios ya abandonaron sus producciones. Y en los lugares en los que se está trabajando la producción depende de la energía eléctrica, que se ha encarecido, y de la mano de obra. En el país se consume el 30% de la producción local de aceite de oliva y 10% de la de aceitunas en conserva, en consecuencia, los mercados internacionales son fundamentales. De las 32.000 toneladas de aceite de oliva que se producen, el 25% es elaborado en Mendoza. Entre 7.000 y 9.000 toneladas se destinan a consumo interno, mientras que el 70% se exporta, principalmente a Brasil –para la producción envasada, de mayor valor agregado– y Estados Unidos, para la producción a granel, explica Armando Mansur, presidente de la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN).
El olivo es una de las pocas actividades productivas que puede realizarse en zonas desérticas del país y que desarrolla fuentes de trabajo en las comunidades locales. Pero la actividad exhibe resultados negativos por una combinación de: fuertes aumentos de costos, alta presión impositiva y bajos rindes por un invierno cálido que produjo una merma en la floración de las plantas, según el informe de CREA. Particularmente, el aumento de la energía golpeó muy fuerte a quienes riegan por goteo desde una perforación. De acuerdo con el relevamiento de la entidad, los costos que más se incrementaron fueron servicio eléctrico, repuestos de maquinarias, agroquímicos y semillas. Otro importante costo es el logístico, debido precisamente a que la actividad se desarrolla en zonas alejadas de los puertos.
