Presidenta de la agrupación Justicia Legítima, la magistrada analiza el desempeño de los tribunales, las falencias del sistema, los planes oficiales de reforma y el impacto del reciente fallo de la Corte que aplicó el principio de dos por uno para un genocida. Incidencia de la política en los estrados.
12 de julio de 2017
Titular de la Cámara de Casación Penal y presidenta de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori contesta con amabilidad de gestos, pero con firmeza de conceptos, cada pregunta sobre la actual situación de cuestionamiento que vive la Justicia. Entiende que la percepción generalizada de «falta de justicia» es comprensible y asegura que se debe a los retrasos ocasionados por la imposibilidad de abarcar todos los casos que llegan. «Se sabe cuántos médicos se necesitan para una determinada población, cuántos maestros, cuántas cloacas o agua corriente. En cambio –aclara–, no se sabe cuánta justicia. Es algo fácil de establecer, pero nadie lo ha hecho. Entonces no hay un diseño de acuerdo con la necesidad, favoreciendo de esta manera la selección arbitraria de casos. ¿Y cómo se hace esta selección? Al correr del poder».
Con 40 años de trayectoria en el Poder Judicial, Garrigós asegura que ella no podría trabajar como jueza hasta los 97 años como el fallecido Carlos Fayt, y comenta fatigada: «Es una tarea agotadora. Para que salgan bien, yo no puedo sacar más de dos sentencias por semana». Precisamente la discusión sobre la edad del retiro de los magistrados fue uno de los temas que tuvo a la agrupación que preside en el centro del debate durante la presidencia de Cristina Kirchner. El haber apoyado iniciativas como esa, entre otras, les valió el mote de «kirchnerista» tanto a ella como a Justicia Legítima. «Todo porque apoyamos las leyes de democratización de la Justicia que incluyó el ingreso irrestricto y la elección popular del Consejo de la Magistratura, pero también acompañamos otras leyes como las de casación civil y comercial, y no todos los miembros de la agrupación. Porque la realidad –concluye– es que en Justicia Legítima hay mucha gente que no adheriría jamás al kirchnerismo. Hasta hay radicales».
–¿Justicia Legitima es la excusa perfecta del macrismo para culparlos de todos los males?
–Sí, cada vez que algo no les gusta pasa eso. Yo tendría que cobrar la cuota a toda esa gente a la que le atribuyen ser de Justicia Legítima. Ellos han hecho un diseño del enemigo para poder descargar las cosas que les molestan. Serán los piqueteros en un ámbito y en la Justicia, nosotros. Construyen este enemigo poniendo adentro todo lo que ellos consideran malo y luego le ponen el nombre de Justica Legítima. Así construyen el silogismo inverso: a partir de eso dicen que Justicia Legítima ataca al gobierno. Por ejemplo, el caso del Correo Argentino: a la fiscal comercial que tuvo un dictamen en contra del acuerdo que había hecho el correo con sus acreedores, le adjudicaban pertenencia a nuestra agrupación. Y resulta que yo no la conozco ni la vi en mi vida.
–La jueza María Romilda Servini de Cubría aseguró que nunca hubo tantas presiones sobre los jueces como hoy. ¿Está amenazada la independencia del Poder Judicial?
–Yo no las viví. Pero sí he visto que en fueros como el federal, que es donde se manejan los casos de corrupción política, hay operaciones que llevan a los jueces a las tapas de los diarios. Eso no es precisamente una convivencia pacífica entre poderes. No digo que los fallos no puedan ser criticados, lo que pasa es que acá se los critica no porque no trabajen o porque lo hagan mal, sino porque no hacen lo que al otro poder le conviene. Esto no es privativo de este gobierno, en general el Ejecutivo pretende que el Judicial ratifique sus políticas. Pero una cosa es ratificar sus políticas judiciales, y otra sus políticas económicas y sociales. Con respecto a eso lo que nos corresponde es atenernos a los tratados internacionales y a la ley que rige.
–¿Qué diferencias hay con el período anterior? También se le cuestionaba a la expresidenta Cristina Kirchner sus opiniones sobre los fallos.
–Sí, pero hay formas y formas. Recuerde lo que pasó con el juez (Sebastián) Casanello: fue una verdadera campaña. Se dijo que fue a Olivos, que se había reunido con la presidenta. Y todo porque tenía a cargo una causa importante y para que se apartese cuando no aguantara la presión. Finalmente, él se mantuvo con bajo perfil y se probó con el procesamiento de los testigos por falso testimonio que nunca había estado en Olivos. Y lo mismo pasa con la Corte Suprema. No es que quiera defender a (Ricardo) Lorenzetti ni mucho menos, pero que una legisladora del partido gobernante anuncie que se va a hacer una denuncia contra el presidente de la Corte es de una gran gravedad institucional.
–Qué la gran mayoría de los casos de corrupción política sean investigados solo cuando los funcionarios dejan el poder, ¿cómo deja parada a la Justicia?
–En general el Poder Judicial es proclive a llevarse bien con el Poder Ejecutivo. De allí el tema del manejo de los tiempos. Como se tiene el doble del trabajo del que se puede hacer, hay que elegir cuáles causas acelerar y cuáles postergar. Esto también pasa en el fuero Federal, que es el que se encarga de los temas de corrupción. Esa es la delgada línea que define la proclividad de estar a favor o en contra de un gobierno. Y obviamente cuando una línea política deja el gobierno, pierde poder y se avanza más rápidamente en contra de ellos. Esto es así históricamente. Las causas contra Carlos Grosso se aceleraron cuando dejó de ser intendente, lo mismo con las causas contra De la Rúa y Menem. Y es esperable que dentro de un par de años surjan causas contra Macri y de parte de los mismos jueces.
–¿Estos retrasos y aceleramientos selectivos no alimentan una percepción generalizada en la gente de falta de justicia?
–Por supuesto. Yo misma tengo esa percepción. Y pasa porque la Justicia es lenta, pero es porque la única variable que tiene el operador judicial para ajustar es ir más lento para que el trabajo salga mejor. Porque, ¿qué podemos hacer? No podemos modificar las leyes, ni el ingreso de casos, ni la cantidad de personal, ya que está fijada por ley, ni siquiera las instalaciones, tenemos lo que nos dan: estos muebles, este edificio y este sistema informático que impuso la Corte, que costó 10 millones de dólares y no puede ni sacar estadísticas. Nuestra variable es la calidad de trabajo y el tiempo.
–El plan Justicia 20/20, lanzado por el ministro Germán Garavano, tiene enunciados como independencia, trasformación del sistema penitenciario y reducción del tiempo de los procesos. ¿Confía en que el gobierno lo lleve a cabo?
–Garavano es un estudioso de la gestión y ese es uno de sus puntos más interesantes. Pero no creo que avance. Porque en el Congreso, además de que no salen íntegramente las reformas propuestas por el ministro de Justicia, las que avanzan mejor son las propuestas de Patricia Bullrich que vienen a descompaginar lo propuesto por Garavano. Evidentemente hay alguna interna. Se avanza con una línea muy represiva porque los proyectos del Ministerio de Seguridad no son de la ministra, ella no es una experta, son de sus asesores, o sea, las fuerzas de seguridad.
–Hace muy poco centenares de miles de personas salieron a la calle a protestar contra un fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo analiza lo ocurrido?
–El fallo de la Corte que aplica el beneficio del artículo 7 de la Ley 24.390 va a ser recordado como uno de los peores errores de este tribunal, con su actual composición y con muchas otras. Excepción hecha de las decisiones que convalidaron gobiernos de facto, tal como la acordada del 14/9/1930. El fallo es, desde mi punto de vista, erróneo técnicamente y políticamente. Para fundar mi opinión tengo en cuenta la acertada explicación sobre las situaciones fácticas y jurídicas del Fiscal ante la Cámara de Casación Federal, Javier De Luca, quien por su cargo tuvo conocimiento directo del fallo. De ello resulta que el beneficio concedido no podía aplicarse al caso en particular, es decir que no se trataba de un caso en el que hubiera una sanción en función de delitos que pudieran ser considerados permanentes, ni tampoco el beneficiario había estado detenido en vigencia del artículo 7 de la Ley 24.390. Pero además la sentencia condenatoria que se dictó en su contra era por delitos de lesa humanidad, los que tanto por los pactos asumidos al firmar los tratados internacionales de derechos humanos como según lo estableció la ley 27.156 sancionada en 2015, no pueden recibir estos beneficios. Pero además, el impacto político adverso de este fallo es muy grave, porque, al menos según mi parecer, nuestra democracia se basa en algunos pactos fundantes, entre los que el «Nunca Más» ocupa un lugar de privilegio. La reacción de casi toda la sociedad civil contra lo resuelto por la Corte me da la razón en este sentido. Llamó la atención sobre este aspecto porque no se puede perder de vista que la Corte no es simplemente un tribunal de justicia, es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado y como tal está a su cargo la implementación, sostenimiento y cumplimiento de las políticas de Estado.
–Algunos medios señalaron una contradicción entre su opinión acerca del pronunciamiento de la Corte por el dos por uno y un fallo suyo de 2011 que beneficiaba al represor Raúl Guglielminetti. ¿Cuál es su explicación al respecto?
–Lamento tener que estar dando explicaciones por este tema. No porque desdeñe la oportunidad que me dan para hacerlo, sino porque la intención de esas noticias, que solo buscan desprestigiarme para eludir dar respuestas a las críticas que puedo hacer, dada la masividad de los medios empleados, ha logrado en parte su objetivo. Sobre el punto específico debo decir que de ningún modo mi decisión es siquiera parecida a la decisión que critico del fallo Muiña de la Corte. La resolución que exhibieron Infobae, Clarín y La Nación, es de excarcelación. Y los condenados no pueden siquiera solicitar excarcelaciones, solo quienes son procesados –es decir, que no registran condenas– pueden pedir excarcelaciones. Mientras una persona no está condenada, según nuestro sistema jurídico, es inocente. Cuando se decide si una persona puede asistir en libertad al proceso que se sigue en su contra o si debe permanecer detenido preventivamente, lo que se debe tener en cuenta es si esa persona se va a fugar y eludir así la acción de la Justicia o si ese riesgo no existe. Sea cual sea el delito que se le impute, porque sigue gozando de la presunción de inocencia. Pero además, la prisión preventiva, si se dispusiera, no puede durar eternamente, y por ejemplo si una persona que es inocente hubiera estado detenido preventivamente el tiempo que le habrá de corresponder cumplir detenido hasta poder obtener la libertad condicional, hay que suspender esa detención preventiva, que no es una pena. Para contar ese tiempo, en el caso al que aluden esos medios periodísticos que mencioné, se tuvo en cuenta el tiempo en que ese imputado estuvo detenido en otras causas por delitos comunes. Es importante destacar que a raíz de este ataque, muchos colegas me llamaron y se me acercaron para solidarizarse y relatarme sus recuerdos de las detenciones de Guglielminetti por robos y secuestros comunes, que no eran delitos de lesa humanidad. También tengo en cuenta que, dada la reciente actividad de Justicia Legítima ante los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encamina a una audiencia oficial en la sesión de Montevideo en la que evaluará la independencia judicial y los derechos humanos en la Argentina, era de esperar que se profundizara el ataque y estigmatización que venimos sufriendo, a través de los medios periodísticos masivos, y aun a veces de propios dichos de las autoridades, lo que a mi juicio conforma una clara manifestación de «guerra jurídica».
