21 de febrero de 2024
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba comenzará a juzgar a siete imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 personas durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que tenían a algún familiar o pareja detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 y fueron secuestradas cuando los represores descubrieron que hacían de correo para llevar mensajes a los presos políticos de ese penal. Están acusados los ex miembros del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Juan Eduardo Ramón Molina, todos con condenas previas por crímenes de lesa humanidad, y dos civiles que serán juzgadas por primera vez, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González, imputadas por la apropiación de la nieta 107 identificada por Abuelas de Plaza de Mayo. En diferentes días de septiembre de 1978, la patota del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba secuestró a Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes, su hija María del Carmen Acosta, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti y María de las Mercedes Moreno. Peralta, Funes, Acosta, Peñaloza y Moreno tenían familiares detenidos por delitos comunes en la UP1 y las familias de los presos políticos les pagaban para llevar y traer mensajes a la cárcel. Cuando la maniobra fue descubierta, todas fueron llevadas al D2 y torturadas. Embarazada de siete meses, Moreno dio a luz estando detenida y su hija fue apropiada.
