La política gubernamental de flexibilización del comercio exterior desprotegió a varias ramas fabriles. Dentro de los sectores sensibles se encuentra el informático, que en solo un año revirtió sus avances y produjo cientos de despidos.
10 de mayo de 2017
En declive. Las medidas no solo afectaron a las pymes sino también a las grandes firmas. (Télam)
Es fácil destruir pero muy dificultoso reconstruir. La industria informática se encontraba dando sus primeros pasos hacia la sustitución de importaciones al amparo de una política de protección al sector frente a la competencia externa. Lejos estaba de ser autosuficiente y de pelearle de igual a igual a mercados desarrollados, pero comenzaba a convertirse en una fuente genuina de innovación y creación de trabajos de calidad. Sin embargo, en menos de un año, la política de apertura comercial y flexibilización en los contratos de trabajo desandó ese camino.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, culpó al régimen de promoción fueguino por el atraso tecnológico en el país y la baja competitividad de la industria local. El funcionario pretendió así justificar la intención de desmantelar dicho polo, del cual viven 140.000 familias. A esto se suma la eliminación del gravamen del 35% para la importación de computadoras (tablets y notebooks), con el objetivo de reducir el precio final de venta al público en desmedro de las fuentes laborales que se pierden por el cierre de empresas que producen en el país. Las cámaras del sector advierten que desde marzo de este año, ante la liberalización de importaciones, se produciría la destrucción de entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo.
Tierra del Fuego
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene ya 44 años de existencia. Inicialmente, su objetivo fue atraer inversiones productivas para poblar una isla que, en 1972, tenía apenas 7.000 habitantes, en su mayoría chilenos. Hoy viven allí más de 140.000 personas, distribuidas principalmente entre Ushuaia y Río Grande. Si bien la actividad en la isla se focalizó en el ensamble –con fuertes exenciones impositivas, en IVA, Ganancias y derechos de importación–, había dado el puntapié para la producción de equipos de telecomunicaciones, audio y video, sistemas de medición y control de surtidores de GNC, para transporte y maquinaria agrícola, electromedicina y alarmas domiciliarias.
El gobierno ahora limitará sus alcances permitiendo fabricar únicamente televisores, celulares y acondicionadores de aire. El resto de los productos (equipos de audio, codificadores de TV, microondas y computadoras, por ejemplo) se podrán importar sin restricciones, vía licencias automáticas.
El secretario de Industria, Martín Etchegoyen, dijo que se están evaluando alternativas para diversificar la matriz productiva de la isla con el objetivo de bajar el costo fiscal, como la petroquímica, energía, pesca, producción maderera, entre otras. Desde la AFARTE –la entidad que agrupa a los principales fabricantes de electrónica, entre ellos NewSan, BGH, TPVision (Philips), Mirgor, Iatec y Brightstar– piden un plan de reconversión del perfil productivo, pero advierten que reconvertir 12.000 empleos requiere de mucho tiempo y que, además, la apertura comercial no ayuda.
Por las medidas, junto con las pymes, también fueron afectadas grandes empresas que arman las placas madre, las memorias RAM, baterías, cables y carcazas, y las pymes ensambladoras del Interior. Muchas seguirán haciendo mantenimiento y distribución, pero habrá impacto en el empleo. Por lo pronto, la empresa Brightstart, productora de teléfonos celulares que opera en la isla, anunció el despido de 120 empleados de planta permanente, a la vez que dio de baja la totalidad del personal de planta discontinua, 258 trabajadores. A los despidos en Brightstart se suma la baja de 300 contratos en la planta IATEC, del Grupo Mirgor. Por otra parte, en la empresa Foxman, los trabajadores no cobran sus salarios desde diciembre. Además, se espera la finalización de contratos que no serían renovados en BGH y otras firmas dentro del polo industrial fueguino, como el caso de los 400 trabajadores de Banghó, que aún continúan en espera de alguna solución por parte del gobierno.
