29 de octubre de 2023
Los conflictos dentro del partido de gobierno podrían beneficiar a la oposición. Los orígenes de la disputa entre Arce y Morales. El rol de la Justicia y las organizaciones sociales.
Otros tiempos. El expresidente eligió a su exministro como candidato cuando permanecía en el exilio.
Foto: Getty Images
Fue, como develó el paso del tiempo, un matrimonio por conveniencia. Ahora los dos se arrojan con lo que tienen a mano: acusaciones de traición, denuncias de corrupción, palabras de alto voltaje. Y, en el medio, la disputa por la tenencia de la criatura: el Movimiento al Socialismo (MAS). El libreto no es de telenovela porque romance nunca hubo, pero las disputas familiares amenazan, y mucho, el bienestar de otra gran familia, el pueblo boliviano, que puede ser víctima de una confrontación que preocupa a los amigos y entusiasma a los enemigos.
Evo Morales, presidente durante 13 años, busca regresar al poder en 2025. Y se sintió impulsado por su sucesor, Luis Arce, y no de la mejor manera: «Voy a ser candidato, me han obligado, la gente me quiere… Obligados por los ataques del Gobierno, su plan para proscribir el MAS y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia», dijo Evo. El anuncio lo realizó a días del congreso partidario citado en Cochabamba. En vano, el vicepresidente David Choquehuanca realizó un último (¿y sincero?) llamado a la unidad porque «no podemos seguir saboteándonos entre nosotros, no podemos seguir peleando entre nosotros (…) si seguimos así, el pueblo se puede enojar contra la clase política. No hay que enojar al pueblo, pueblo enojado puede estar pateando perro equivocado», reflexionó.
El mitin se realizó igual, a principios de octubre. Allí se formalizó la candidatura única de Morales y se decretó la expulsión de Arce y Choquehuanca. El primer mandatario estuvo ausente con aviso pues dijo que «no podemos asistir a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños, las organizaciones sociales» y agregó que la cita partidaria era «un atropello a las organizaciones sociales que en realidad están siendo despojadas de su propio instrumento político». El Gobierno recurrió a la Justicia, que ordenó frenar el congreso.
Por su parte, los partidarios de Morales aseguraron no haber recibido esa notificación en tiempo y forma y siguieron adelante. «Arce actúa peor que un Gobierno de facto», describió Morales sobre el ardid judicial. Y todo entró, y allí sigue todavía, en un limbo de códigos, leyes, jueces y fríos pasillos de Tribunales.
Proceso de cambio
Se necesitan dos para bailar el tango o por lo menos dos para la danza de los caporales. Y así como Evo impulsó la reunión en Cochabamba, Arce hizo lo propio en El Alto. Sin el andamiaje legal ni administrativo como el convocado por Morales, la cita buscó medir apoyo al actual presidente. El llamado «Cabildo del pueblo» desconoció abierta y explícitamente lo resuelto en Cochabamba. Se consideró a ese encuentro como «una traición a las organizaciones sociales, a los principios fundamentales de nuestro instrumento político, al proceso de cambio y a las luchas históricas de nuestro pueblo».
Se planteó también un programa de 20 puntos para conformar un Gabinete social amplio, que «profundice el proceso de cambio» y elimine la corrupción y la burocracia. Al Poder Legislativo se le exigió «aprobar leyes clave para el pueblo y exigir su respaldo a las políticas públicas del Gobierno». Se exigió una reforma total del sistema de Justicia y que el Tribunal Electoral sea independiente de la política partidaria «para cuidar la Democracia».
Dos congresos, dos declaraciones enfrentadas. Arce aseguró que «nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales, hermanas y hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. Siempre respetaremos a nuestras organizaciones sociales, que es el pueblo organizado».
Evo, al ver a su sucesor encabezar la proclama, dijo sentir pena por Arce «por las huevadas que hace». Y acusó al canciller boliviano Rogelio Mayta de recolectar en las embajadas fondos para el Cabildo, a 2.000 dólares por sede diplomática, hasta reunir 60.000 dólares. Incluso esos fondos estarían registrados a través de depósitos bancarios. A pesar de todo, Morales intentó construir un puente (por ahora de papel más que de piedra) con sus adversarios internos al considerar que tenía coincidencias con algunas de las reformas propuestas en el Cabildo y que concordaba con una renovación del Gabinete. «Hermanos, hermanas, si algunos compañeros se dan cuenta de que están equivocados, por favor vuelvan», dijo.
Perfil propio
¿Dónde empezó el divorcio? Incluso antes de concretarse la relación, parece. Exiliado tras el golpe de Estado, Evo vio en su exministro de Economía a un candidato que no podía cobrar vuelo propio más por falta de carisma que de capacidad. Tampoco tenía una base social asentada. Y, al contrario de Morales, no tenía el poder de la calle y la movilización. Apenas días después del triunfo en 2020, Arce aclaró que su antecesor «no tendrá ningún papel en nuestro Gobierno» y aclaró que «en el Gobierno soy yo quien tiene que decidir quién forma parte de la administración y quién no». Si bien no eligió confrontar directamente, la gestión mostró a Arce desarrollando un perfil propio y con ambiciones de ser reelecto. Y dio una muestra de carácter al sostener a su ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La Asamblea Legislativa, con votos mayoritarios del sector de Morales junto a la oposición, sancionó al funcionario por corrupción en un caso de presunto tráfico de vehículos robados en Chile. El exmandatario aseguró haber impulsado la remoción del ministro «para el bien del presidente»; pero Arce lo desautorizó, entendió la movida como un desafío a su autoridad y lo mantuvo en su puesto por decreto. Morales contraatacaría afirmando sobre vínculos del Gobierno con el narcotráfico (después de que se lo acusara a él de cobijar en el Chapare a uno de los narcos más buscados del país) y, recientemente, señalando al hijo de Arce por intentar negociados con inversores extranjeros para la explotación del litio.
En dos años, Arce supo quedarse con las organizaciones que, en la práctica, constituyen (¿constituían) el poder real del MAS: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación de Pueblos Indígenas. En la cuenta podría agregarse la significativa Confederación Obrera Boliviana, que eligió no participar del Congreso de Cochabamba que postuló a Evo.
Morales confía en retomar esos vínculos, pero por su estilo frontal y directo no puede o no quiere evitar, por el momento, la confrontación. La legitimidad de sus aspiraciones no se discute, en tanto es el hombre que le dio a Bolivia la transformación social y económica más significativa de su historia; pero a las dificultades internas se le suman, como otras veces en su vida política, las judiciales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, objetó un artículo de la Constitución sobre el derecho a la reelección ya que señala que pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Lima entiende que no queda definido si la norma hace referencia a que únicamente puede ser reelegido una vez o luego de un período puede estar apto a ser candidato nuevamente. El funcionario pidió que se expida el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que Morales consideró una intromisión para proscribirlo. «No existe ningún impedimento legal ni constitucional para que Evo sea candidato, forzar una prohibición desde el TC sería absolutamente ilegal», agregaron desde el equipo jurídico del MAS.
Requisitos
Arce asegura que por el momento está enfocado en administrar el Gobierno y no en otra cosa. Morales no le cree, y por eso en el Congreso de Cochabamba cambió los estatutos de tal manera que solo puedan presentarse afiliados con más de diez años de antigüedad. El actual presidente no cumple el requisito por lo que no podría postularse dentro del MAS. Esa cuestión también está judicializada por el oficialismo.
Faltan dos años para las elecciones. Las encuestas, ese borroso lente, aseguran que los conflictos dentro del partido de gobierno son lo único que le puede asegurar a la oposición alguna chance de triunfo. Unos 150 años antes y a 2.600 kilómetros de distancia, José Hernández había advertido que si los hermanos se pelean los devoran los de afuera. En otro estilo, pero con lenguaje sabio y directo, Álvaro García Linera, vice de Evo, se mantiene lejos del fratricidio y respecto al conflicto sentencia: «Me gustaría esa energía y esa habilidad discursiva para enfrentar a las oligarquías, pero no entre compañeros».