25 de octubre de 2023

La fiscalía boliviana acusó formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidió la máxima pena de 30 años de prisión para ella y los demás acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el gobierno interino que Áñez dirigió tras el derrocamiento de Evo Morales. El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su gobierno, incumpliendo «los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad» que deben seguir la actuación del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusación señala que se usó «armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados». Lanchipa explicó que la fiscalía tiene pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de «genocidio», que equivale a «masacre sangrienta» y se castiga con la máxima pena que admite el ordenamiento legal del país.