1 de septiembre de 2023

Franco Mizrahi

A un año del intento de asesinato, quedan por investigar irregularidades en la causa y develar quiénes fueron los autores intelectuales y los financistas del ataque. 

El 1º de septiembre se cumple el primer aniversario del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un suceso cuyo impacto debió cambiar la inercia política de la Argentina y provocar una reacción contundente del sistema político que no existió. Aún hoy hay dirigentes que no se manifestaron en contra del ataque. La tentativa de homicidio de la expresidenta terminó encapsulada como un hecho policial más, como si no hubiera estado en juego la democracia. 
La causa que se abrió por el atentado se elevó parcialmente a juicio el pasado 12 de junio con tres detenidos: Fernando Sabag Montiel (el joven que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández), su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, el jefe del emprendimiento de venta de copos de azúcar que parece haberse usado como pantalla para el ataque. A los primeros dos se los consideró coautores de tentativa de homicidio. Al tercero, partícipe secundario del hecho.
No obstante la elevación de la causa, quedaron pendientes de resolución distintas líneas investigativas sobre posibles autores intelectuales y financistas del ataque, tramo que sigue abierto en instrucción. Para los abogados de Cristina Fernández, Marcos Aldazabal y José Ubeira, la investigación, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo (recientemente respaldado por las cámaras Federal porteña y la de Casación), fue paupérrima. Pidieron apartar a la magistrada con cuestionamientos muy duros. Y se opusieron a que el caso fuera enviado a debate oral y público de forma fragmentada porque «daña el descubrimiento de la verdad». Consideran que aún quedan muchas medidas probatorias por realizar y que hay otros responsables detrás del atentado.
En esa línea, el pasado 26 de agosto pidieron nuevas medidas, entre las que se destaca hacer foco en la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, a quien señalan como posible vínculo entre los distintos sospechados de tener participación en el ataque: Wagner, de acuerdo con los abogados de Fernández, es una activista de ultraderecha que podría ser quien una a los ejecutores del atentado (dialogaba con Uliarte), integrantes de Revolución Federal (intercambiaba mensajes con uno de sus fundadores), Gerardo Milman (Wagner trabajaba en el mismo canal que la socia de una asesora clave del diputado PRO), Hernán Carrol (referente de la agrupación Nueva Centro Derecha) y la vecina de la vicepresidenta, Ximena Tezanos Pinto (Wagner contó que vive en su departamento). 
«Wagner es la única persona que parece conocer a todos los actores sospechados. Las coincidencias son demasiadas y es necesario investigarla inmediatamente», sostuvieron Aldazabal y Ubeira. Y añadieron: «Las personas investigadas tienen una cantidad de puntos de contacto entre sí que hacen muy difícil ver lo sucedido como una casualidad». En su último escrito solicitaron medidas de prueba sobre Wagner, Carrol y la vecina de Cristina, entre otros. Wagner dijo ser una perseguida política.

Los límites de la pesquisa
El 1º de septiembre de 2022, Sabag Montiel, infiltrado entre la militancia que saludaba a la vicepresidenta, gatilló en la cabeza de la vicepresidenta, pero la bala no salió de la pistola Bersa que había conseguido cinco meses antes. Apenas los militantes se percataron, detuvieron al joven. Eran días de ebullición social porque el fiscal Diego Luciani había pedido la condena a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández en el caso de la Obra Pública Vial y la militancia kirchnerista se congregaba en el domicilio de la expresidenta en Recoleta para brindarle su respaldo.
Al momento de la detención, a Sabag Montiel se le secuestró un celular que la Policía Federal no pudo desbloquear y terminó reseteado. Según denunció la querella, el confuso episodio ocurrió luego de que se produjera la ruptura de la cadena de custodia por parte del juzgado sobre el teléfono. El contenido de ese aparato aún no logró rescatarse.
No fue el único hecho irregular que hubo en la pesquisa. Los abogados de Fernández resaltan que hay pistas que no fueron investigadas, como la línea que conduce al diputado Gerardo Milman o la que apunta al dirigente de derecha Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel pidió en una carta desde la cárcel que le pague un abogado. También consideran que el caso del atentado debe investigarse de forma conjunta con el que se centra en los ataques que realizó la violenta organización Revolución Federal, que tramita en otro juzgado.
La querella quería que se profundice en la vinculación que podría existir entre los integrantes de esa organización que atacaba dirigentes y los imputados por el intento de magnicidio. Brenda Uliarte, por ejemplo, participó de una de las manifestaciones de esa asociación. En el caso de Revolución Federal también se investigan llamativos pagos millonarios por parte de la empresa Caputo Hermanos S. A. –vinculada a exfuncionarios de Macri– a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización, procesado por incitar a la violencia. En teoría esos pagos fueron por trabajos de carpintería.
Ante la creciente tensión entre la querella y Capuchetti, la jueza delegó la investigación en el fiscal, pero lo hizo con la pesquisa avanzada, algo poco habitual.
El desencadenante de este cambio de mando en la pesquisa fue la forma en que Capuchetti abordó la pista que vincula a Milman, exfuncionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la trama del atentado. Luego de que un testigo dijera que dos días antes del ataque escuchó al legislador decir en el bar Casablanca «cuando la maten yo voy a estar en la costa», la querella pidió que se lo investigara. Fueron citadas a declarar como testigos las dos asesoras con las que estaba reunido Milman en el bar ese 30 de agosto del año pasado: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Ambas entraron en contradicciones y la querella pidió que se les secuestre los celulares. El 26 de octubre pasado, la jueza rechazó la medida, que finalmente fue corregida por la Cámara Federal porteña. Cuando volvieron a ser citadas, Gómez Mónaco dijo que había cambiado de celular y Bohdziewicz que había borrado todo el contenido de su aparato.
Pero Bohdziewicz provocó un giro en el caso cuando el 5 de mayo pasado se presentó nuevamente en la Justicia, de forma espontánea, y relató que había ido por indicación de Milman (y pedido de Bullrich) a borrar su celular a las oficinas de una ONG que preside la candidata a presidenta. Bajo juramento de decir la verdad, narró que su aparato fue manipulado por un perito informático antes de presentarse a declarar por primera vez. Tras este episodio, Rívolo solicitó que se analice el celular de Milman.
Este 23 de agosto, a casi un año del atentado, el Congreso habilitó que se abra el teléfono del diputado, quien lo había acercado a la Justicia un día antes. Un elemento más que puede comprometer al legislador PRO: este 27 de agosto, Página/12 publicó que Carlos Telleldín, abogado de Uliarte, afirmó que su defendida ampliará su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Milman «pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner».
En este marco, la causa fue elevada a juicio de forma parcial. En instrucción, se seguirá investigando lo que falta esclarecer, que a un año del atentado no es poco.

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