14 de agosto de 2023
Rubro beneficiado. Las compañías del sector energético, entre las que obtuvieron mayores dividendos extraordinarios.
Foto: Shutterstock
La implementación de impuestos sobre beneficios extraordinarios ha cobrado impulso a partir del contexto generado por la guerra. En marzo de 2022 la mayoría de los países de la Unión Europea adoptó este tipo de gravamen, principalmente dirigido a las empresas de los sectores alimenticio y energético. Austria, Alemania y Francia aplicaron alícuotas del 90% sobre ganancias percibidas como excesivas. Otros estados también aplicaron medidas similares.
Un caso bien reciente es el de Italia, que a principios de agosto estableció un impuesto del 40% sobre las ganancias excepcionales de los bancos que hayan experimentado en 2023 un aumento del 6% en sus beneficios, comparados con 2022. Esta medida fue dispuesta por la ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra italiana.
Es relevante señalar que estos impuestos son temporales y tienen un alcance específico para circunstancias «extraordinarias». Su propósito es aliviar las finanzas públicas y servir para subsidiar servicios esenciales, como las tarifas de energía.
En un informe sobre la Eurozona, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró que el incremento de los beneficios explicó gran parte del aumento de la inflación de los últimos dos años. Viniendo del FMI es una conclusión importante: indica que estas ganancias no surgen de manera espontánea, sino que emanan de las decisiones de actores que influyen en la formación de precios.
Los gravámenes sobre los beneficios extraordinarios son un reconocimiento tácito de que el sistema económico es injusto y de que es necesaria la presencia del Estado. Sin embargo, el establishment no desea ir más allá. La problemática del reparto de la riqueza y del ingreso no es una particularidad de estos tiempos. La desigualdad está en la naturaleza del modelo de acumulación neoliberal.
