20 de febrero de 2024

El gobierno anunció ayer la reglamentación del DNU 70/2023 para que los trabajadores puedan derivar sus aportes a la obra social o empresa de medicina prepaga que elijan desde el inicio de su contratación, en lo que es leído como una decisión que amenaza con tensar todavía más la relación con los sindicatos nucleados en la CGT. La decisión termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse cuando se inicia un vínculo de trabajo a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeña. Hacia el final de la jornada, las prepagas dejaron trascender el malestar que generó el anuncio de la Rosada debido a que tendrían que aportar al Fondo Solidario de Redistribución para garantizar el Plan Médico Obligatorio, lo que ya provocó entre las principales empresas de medicina privada la posibilidad de aumentar aún más las cuotas a sus clientes. La otra alternativa que visualizan es recurrir a un amparo judicial para frenar estos cambios porque, dicen, equivaldrían a aplicarles un nuevo impuesto.