11 de febrero de 2024
La Corte Suprema comenzará a tratar el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del gobierno de Javier Milei después de la Asamblea Legislativa del próximo 1º de marzo. La demora, explicada en cuestiones operativas (algunos jueces están de vacaciones y los que permanecen en funciones no alcanzan a formar mayoría, ni siquiera quórum), tiene un directo impacto político: el DNU, salvo las facetas expresamente suspendidas o invalidadas, sigue vigente hasta el fallo definitivo.
Hasta el momento, detalló Tiempo Argentino, la Corte tiene en agenda muchos planteos contra la constitucionalidad del DNU. Uno de los más amplios sea tal vez la presentación del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. En este caso el máximo tribunal interviene como instancia única porque se trata de una demanda de una provincia contra el Estado Nacional.
En esa misma situación de “competencia originaria” hay otro expediente: un reclamo de la provincia de Misiones argumentando que como consecuencia del DNU “se encuentra en peligro la atención de la salud de miles de pequeños productores yerbateros que dependen de la Obra Social brindada por el Estado Provincial a través del Instituto de Previsión Social”.
Pero estos no son los únicos planteos, hay al menos otros tres expedientes (dos unificados): uno, impulsado por dirigentes de la central sindical CTA como Claudio Lozano y Hugo Cachorro Godoy y la ONG Observatorio del Derecho de la Ciudad; el otro, de la agrupación de abogados Gente de Derecho, que lidera el expresidente del Colegio Público Jorge Rizzo.
