23 de julio de 2021

El impulso a los mercados populares de cercanía y a los circuitos cortos de comercialización, por fuera de los canales del gran supermercadismo, con respaldo estatal, permite atender la alimentación de franjas cada vez mayores de la población. Millones de familias son beneficiarias directas del conjunto de esos canales de base contra la inseguridad alimentaria, que favorecen a la vez la inserción de pequeños productores familiares, campesinos e indígenas y de sus organizaciones.
Para respaldar esas iniciativas, el Gobierno nacional conformó una mesa de articulación interministerial bajo la consigna «Acercar alimentos de productores a consumidores». Lo que se busca es generar nuevos circuitos comerciales, desconcentrar la oferta, democratizar el acceso a los alimentos y garantizar precios justos. Se trata de consolidar «un mercado alimentario basado en el desarrollo local y alternativo al modelo agroexportador y de agronegocios», definió Carlos Cleri, coordinador de la Unidad de Vinculación con las Mesas del Asociativismo y la Economía Social en el INAES. De ese modo, agregó, se podrá «reforzar la nutrición, abaratar los productos, generar más ingresos, crear empleos y romper el círculo de hambre, exclusión y pobreza».
Eva Verde, del Ministerio de Desarrollo Social, resaltó a su vez que «la comercialización de la economía popular, social y solidaria crea círculos virtuosos de seguridad y soberanía alimentaria», es decir, «hace que el dinero recircule en la comunidad, genera trabajo y alienta el consumo responsable», como demuestran numerosas iniciativas en pleno funcionamiento. Por ejemplo, la canasta que productores y organizaciones locales distribuyen en Concordia (Entre Ríos), con precios mucho más bajos que en los hipermercados. O La Red Solidaria de Producción y Distribución de Alimentos Regionales, 400 productores de Mendoza (el 87% con campos de menos de 10 hectáreas) que en el último año y medio repartieron 400 toneladas de verduras y donaron 40 toneladas a comedores populares.
La Red de Alimentos Cooperativos, a su vez, permite en sus tiendas que los consumidores «accedan a precios normales y libres de especulación». En la localidad bonaerense de San Martín, en tanto, los 11.400 beneficiarios de la tarjeta Alimentar tienen la posibilidad de hacer sus compras en el Mercado de Consumo Popular, que ofrece productos de empresas recuperadas, cooperativas y pequeños productores. Otra opción no tradicional es la de la Universidad Nacional de La Plata, que pondrá en marcha en las próximas semanas su planta de verduras deshidratas de alta calidad nutricional, a partir de insumos provistos por pequeños productores regionales. En principio se prevé distribuir unas 50.000 porciones mensuales entre familias de bajos de recursos.
En el Ministerio del Interior afirman que esas y otras experiencias, que se replican en los mercados y ferias de más de 140 municipios de todo el país, son apenas un punto de partida de mayores despliegues. Se piensa, por ejemplo, en la posibilidad de disponer de tierras fiscales para crear parques agroalimentarios. Y en adquirir bienes de capital (tractores, camionetas, cámaras frigoríficas, equipos de riego) a fin de fortalecer o crear nuevos mercados. Para ello se contempla el financiamiento directo del programa nacional «Municipios de pie», más específicamente de la línea «Mercados comunitarios para la familia argentina», ya vigente y con asistencias otorgadas a una decena de provincias.
El apoyo a los mecanismos de distribución populares, a la agricultura familiar y las cooperativas agropecuarias apunta a remover factores estructurales que frenan el desarrollo con equidad. Se fortalecerán así «actores productivos que pueden contribuir a aumentar la oferta de alimentos y potenciar nuevas redes que contribuyan a moderar el alza de los precios», definió un reciente documento del Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires.