31 de mayo de 2021
Frente a las críticas por la falta de regulación, la Ley de Alquileres constituye un paso fundamental en un mercado que desde hace años venía regulándose solo. Desde modificaciones a las exigencias que antes se cargaban a los hombros los inquilinos hasta la creación de un registro para los contratos de locación de inmuebles en una actividad caracterizada por un alto grado de informalidad –según datos de AFIP, existen 622.834 propietarios de inmuebles susceptibles de ser alquilados mientras que el censo de 2010 ya arrojaba 1,9 millones de hogares inquilinos– , la norma supone avances en diversas direcciones. Sin embargo, como suele pasar cuando se cambian las reglas de juego, como primera instancia tuvo varios coletazos. La posibilidad de una regulación en el valor y las posibles obligaciones fiscales que se desprenden contrajeron la oferta y todo se trasladó a una suba en los precios de los alquileres, que pese a los decretos de congelamiento, el año pasado no pararon de crecer, configurando un escenario bastante explosivo.
Sin ir más lejos, una encuesta publicada en febrero por la Federación de Inquilinos Nacional advertía que 1,25 millones de hogares no pudieron pagar el mes de enero o pagaron parcialmente, y que el 80% (lo que equivale a unos 2,4 millones de hogares y 7,2 millones de personas) ya se ha endeudado con el fin de poder asegurarse el alquiler. Frente a esta grave situación, desde el sector inmobiliario le pidieron al oficialismo que aquellos que no llegan a garantizar el pago sean asistidos por el Estado a través de una «tarjeta AlquilAR», de la misma manera que se hace con las familias en sus necesidades alimentarias. Hasta ahora, el Gobierno no dio señales frente a la propuesta. Sí suspendió el decreto de congelamiento, imponiendo un interés para aquellos que amparándose en el medida, no venían pagando su renta.
Ahora bien, ¿es posible pensar en este contexto de crisis cambios estructurales? ¿Podrá la Ley de Alquileres corregir alguna de estas situaciones a mediano plazo? Para Baldiviezo, la situación es tan compleja que demandará otras políticas: «Si tenés un mercado dolarizado, no sirve de mucho esta ley. A nivel pesos, los propietarios están ganando tan poco que no hay registro en la historia. Pero al mismo tiempo están bajando los ingresos de las familias inquilinas, con lo cual los alquileres parecen carísimos. Un mercado así no se puede regular con herramientas tan débiles».
