El llamado a indagatoria de 18 oficiales y suboficiales en el juicio en el que se investigan torturas cometidas contra conscriptos durante la guerra representa una vuelta de página en una historia de ocultamientos. La acción diplomática del Gobierno nacional y la cuestión de la soberanía.
26 de marzo de 2019
Cementerio de Darwin. El proceso de identificación de los soldados enterrados como NN es una reparación largamente esperada por los familiares. (AFP/DACHARY)
Antes de ser dados de baja, los soldados conscriptos que participaron en la guerra de Malvinas tuvieron que firmar un documento donde se comprometían a no divulgar sus experiencias. «Fue el acto inaugural de una política de ocultamiento», dice el historiador Federico Lorenz. Pero la orden de silencio no impidió que desde ese mismo momento comenzaran a difundirse testimonios sobre torturas. Pasaron 25 años hasta que las denuncias se formalizaron en un expediente judicial. Y después fue necesario que transcurriera una década para que un juez federal de Ushuaia, el pasado mes de diciembre, llamara a indagatoria a 18 oficiales y suboficiales que se desempeñaron en el Regimiento de Infantería Nº 5 de Paso de los Libres y deberán responder por la imposición de malos tratos.
La causa en que se investigan torturas cometidas contra conscriptos no es la única asignatura pendiente de la guerra. El proceso de identificación de los soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin, en las islas, supone otra reparación largamente esperada por los familiares de los caídos. El anuncio de nuevos vuelos hacia Malvinas desde Córdoba, que se concretarán a partir de octubre, replantea a la vez la discusión sobre la política que mantiene el Gobierno nacional a partir del acuerdo firmado en septiembre de 2016 por el vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico Alan Duncan.
«El objetivo de Macri es retornar a lo que se llamó “políticas de seducción”. Como en el síndrome de Estocolmo, trata de caerle bien al usurpador para que el usurpador tenga una mejor mirada sobre nosotros. No le interesa la soberanía sobre Malvinas y por eso la Argentina bajó el reclamo de todos los organismos internacionales», señala Daniel Filmus, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, un organismo disuelto apenas asumió el actual gobierno (ver «Un acuerdo ilegítimo»).
Verdad e identidad
La causa por torturas surgió en 2007 a partir de una presentación del entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien reunió los primeros testimonios. El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata adhirió de inmediato y actúa como querellante. «Tenemos 36 años de vida –dice Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales–. Nuestro centro se conformó desde el primer momento como un organismo de derechos humanos. Nosotros sostenemos a lo largo de este tiempo la identidad de colimbas, no nos olvidamos de lo que nos pasó y queremos que se sepa la verdad».
Si bien las indagatorias no tienen fecha, Alonso alienta expectativas respecto de su impacto en la causa: «Esto va a dar vuelta una página en la historia de un ocultamiento que se planificó aún no concluido el conflicto de Malvinas y persiste en la democracia». No obstante, advierte sobre «un lobby militar» que apuesta a la prescripción de la causa y suele manifestarse a través de editoriales del diario La Nación. «Los militares dejaron escrito cómo contar la guerra y qué hacer con los soldados –plantea Alonso–. No querían que los familiares de los soldados terminaran junto con los organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo. Crearon la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas como un ámbito de contención. No por casualidad la Comisión fue presidida durante 18 años por Héctor Omar Cisneros, un agente del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura».
El ocultamiento, destaca Federico Lorenz, alcanzó una dimensión más amplia. «Tiene que ver con una política del gobierno militar en retirada y con un desinterés de amplios sectores sociales, porque había un sentimiento muy culposo hacia Malvinas», dice. El recitado del Preámbulo constitucional, en la campaña presidencial de Raúl Alfonsín, simbolizó una perspectiva que enfatizaba el futuro para superar un pasado ominoso, en cuya cuenta se incluyó a la guerra: «Era también una imposibilidad de escuchar. En una época en que todo lo que vistiera de verde era el diablo, los excombatientes como juventudes políticas, porque eso eran más allá de que tuvieran o no una pertenencia partidaria, disonaban por todos lados. La sociedad quería borrón y cuenta nueva».
En su último libro, La llamada (2017), Lorenz analiza la circulación de un rumor que fue dado por cierto en el periodismo –incluso en un artículo de Gabriel García Márquez– y entre algunos excombatientes: la historia de un soldado mutilado que se suicidó ante el rechazo que percibió en su familia, «una metáfora de la imposibilidad de retorno y de las dificultades que tuvo la sociedad argentina para asumir las consecuencias de la derrota». Los rumores, agrega el historiador, «aparecen cuando no hay información veraz, como ocurrió con la guerra; si desde un examen racional pueden ser insostenibles, funcionan frente a la incertidumbre».
La desclasificación de documentos de Malvinas, ordenada por la presidenta Cristina Fernández en 2015, reveló que ya en las actas de recepción, al ser desmovilizados, muchos soldados dejaron constancia de malos tratos durante el conflicto. El expediente de la Justicia Federal, en Tierra del Fuego, incluye ahora 120 testimonios de excombatientes, que involucran a 95 oficiales y suboficiales. «No fueron hechos aislados ni responsabilidad exclusiva de un oficial o un sargento loco. Ocurrieron en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas y a la vista de la tropa, porque eran utilizados como un sistema de disciplinamiento», dice Ernesto Alonso.
Londres. Marcos Peña, con Duncan: homenaje a los caídos británicos. (PRESIDENCIA)
Tiempo. Llevó 25 años que las denuncias se formalizaran en un expediente judicial. (JOSÉ ROMERO/TÉLAM)
El Cecim sostiene que las torturas –estaqueamientos, enterramientos en la turba y aplicación de corriente eléctrica con teléfonos de campaña– deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad. «En los años 80, ni bien se formaron las agrupaciones de excombatientes, hubo un énfasis muy fuerte en los malos tratos por parte de los oficiales. En aquel momento lo encuadraban en la Justicia militar y pedían que se acusara a sus jefes por traición a la patria. A partir de 2010 las causas se presentan en otro paradigma, el del terrorismo de Estado. Ahí hay una convergencia muy interesante en las políticas de Verdad y Justicia», destaca Federico Lorenz, quien dirigió el Museo Malvinas entre 2016 y 2018.
Alonso recuerda que «muchos de los condenados por delitos de lesa humanidad estuvieron en Malvinas», desde represores emblemáticos de la ex-Esma, como Jorge Acosta, hasta oficiales enaltecidos como héroes en versiones militares, como el caso de Horacio Losito, quien cumple prisión perpetua como coautor de la masacre de Margarita Belén (1976). «El ejército de Malvinas no fue el de San Martín. Esa tensión sigue existiendo», señala el excombatiente.
Historias todavía no contadas
Antropóloga social e investigadora del Conicet especializada en Malvinas, Rosana Guber plantea otra perspectiva. A su juicio, existen análisis sobre la guerra «desde un sentido común humanitario asociado con las políticas de derechos humanos, que creen que ciertos actos que sucedieron en Malvinas pueden leerse, lisa y llanamente, como una extensión de los campos clandestinos de detención del continente». Según su mirada, «esa lectura es no solo simplista, sino también profundamente errada y distorsiva».
Dedicada al tema desde 1988, Guber –autora de Experiencia de halcón (2016), libro que aborda la actuación de los pilotos de la V Brigada de la Fuerza Aérea– afirma: «No me cabe ninguna duda que hubo actos disciplinarios aplicados a personal de tropa –dice, sobre las denuncias de excombatientes–. Tampoco que algunos de esos actos fueron justificados como descuido o inconducta de los subalternos, y que en muchas ocasiones esas inconductas fueron ocasionadas por problemas que se generaron en los altos mandos. De lo que dudo es que las sanciones disciplinarias puedan o deban ser leídas lisa y llanamente como si se tratara de torturas».
Alonso. «No fueron hechos aislados ni responsabilidad de un sargento loco.»
Guber. «El lugar más común es tomar al soldado como una clase social oprimida.»
Lorenz. «Señalar que fue un retroceso no es cuestionar el sacrificio de los soldados.»
Guber considera necesarias «investigaciones serias al respecto», no en referencia a las judiciales, sino a las científico-sociales: «trabajos que puedan describir estos hechos con el relieve de actos intencionados en el debido contexto».
Lorenz, en tanto, observa la sobreabundancia de «historia militar clásica» y la carencia de historias sociales y culturales del conflicto. «Falta saber, por ejemplo, cómo impactó la guerra en la cotidianidad además de otros lugares que no sean Buenos Aires. Ese trabajo hay que hacerlo. Si no, abrimos la puerta para que en un desfile en Tucumán aparezcan junto con veteranos de Malvinas personas que estuvieron en el Operativo Independencia o para que Aldo Rico se pasee de uniforme por la 9 de Julio», apunta.
Tanto Guber como Lorenz integran en carácter de académicos el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas de la Cámara de Diputados y, desde diversas perspectivas, advierten sobre simplificaciones y estereotipos que obstaculizan la reflexión. «El lugar más común es tomar al soldado como una clase social oprimida por la superioridad castrense. La mayoría de los pocos trabajos que se han hecho sobre Malvinas se concentran en los soldados, pero fuera de toda jerarquía y todo marco», dice Guber.
Un horizonte incierto
La guerra librada entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 le costó a la Argentina 649 muertos y más de un millar de heridos y terminó con su rendición incondicional. El número de excombatientes que se suicidaron en la posguerra sigue siendo incierto, ya que oscila entre 200 y 500 según distintas fuentes. «El retroceso que el conflicto produjo en lo que la Argentina había construido en términos materiales y diplomáticos fue formidable, y es algo que hay que asumir. Nos corrimos la cancha hasta 1833», dice Lorenz, en alusión a la fecha en que los británicos expulsaron a las autoridades argentinas y ocuparon las Islas. «Fue el peor error de la dictadura militar, porque embargó nuestro futuro. Esa decisión hizo que hoy tengamos un enclave militar en Malvinas», coincide Ernesto Alonso.
Conscriptos. La guerra librada entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 le costó a la Argentina 649 muertos y más de un millar de heridos. (TÉLAM)
Al finalizar la guerra, el gobierno británico organizó el traslado de los restos de soldados muertos a Puerto Darwin, un desolado paraje donde se encuentra actualmente el cementerio de guerra argentino. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó hasta el momento 102 de las 123 tumbas NN relevadas en el lugar, después de un acuerdo entre los gobiernos argentinos y británico, gestionado durante la presidencia de Cristina Fernández.
«En relación con el reclamo por la soberanía, la guerra es un obturador para pensar de manera creativa la solución del conflicto diplomático –considera Lorenz–. La negociación implica estar dispuesto a conceder algo y la política argentina con respecto a Malvinas ha sido históricamente a todo o nada. Señalar que la guerra fue un retroceso no es cuestionar el sacrificio de los soldados, como a veces se piensa. La guerra tuvo como efecto lógico la polarización: hay que volver a introducir matices para buscar salidas».
