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Indígenas y afrodescendientes de América Central y México se reunieron en Nicaragua para analizar la situación de sus pueblos. Durante el encuentro se ratificó que la mayoría de los gobiernos regionales «criminalizan» sus reivindicaciones, vinculadas con los derechos de la mujer, la protección de los recursos naturales y la propiedad de la tierra. Los 115 firmantes coincidieron en que Guatemala es un caso emblemático de esta realidad: «En ese país se reportan los casos de violencia más extremos, donde mujeres originarias han denunciado femicidios y el exterminio indígena a punta de bombas y balas». La anulación de la condena a Efraín Ríos Montt y la lucha por incluir a los indígenas en una nueva ley de minería puso a  Guatemala en el centro de los debates.