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Grecia no seguirá pagando los servicios de protección policial para los ciudadanos más acaudalados. La  medida afectará a quienes ganen más de 100.000 euros al año, en especial a figuras de la vida pública que solicitaban escoltas pagados por el erario público y a diputados, prefectos y alcaldes. Ahora no sólo deberán pagar 2.000 euros por los servicios de los oficiales sino que tendrán que hacerse cargo de los gastos operativos que acarree su custodia. De la recaudación, el 4% será para las pensiones policiales. El presidente, el primer ministro y miembros del gabinete, los jefes de los partidos representados en el gobierno y la cúpula judicial seguirán utilizando los custodios pagados por todos los griegos.