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Los dos principales líderes del Partido Popular en Madrid exigieron a La Moncloa una ley para erradicar las marchas de las principales calles de la capital española. Después de los incidentes producidos por la represión del 22M, la alcaldesa de esa ciudad, Ana Botella, y el presidente regional, Ignacio González, pidieron prohibir toda manifestación en «entornos históricos, zonas de gran afluencia turística y ejes clave de transporte». El gobierno de Mariano Rajoy minimizó la propuesta amparado en un informe de la Abogacía del Estado, que recuerda que se han rechazado proyectos similares para limitar el derecho de reunión. Así se frenó un debate que involucraba a otras ciudades emblemáticas.