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Bogotá, Medellín y Cali se convirtieron en el espacio elegido para visibilizar la tragedia de las víctimas de las minas antipersona. Cientos de colombianos, algunos de ellos mutilados, participaron en movilizaciones y carreras de 11 kilómetros para que su problemática se incluya en los diálogos de paz. Colombia se transformó en el territorio más afectado por estos explosivos, con 359 muertes en 2013 y 10.065 afectados desde 1990 hasta la actualidad. El Consejo de Estado indicó que el presidente Juan Manuel Santos «tiene la responsabilidad de abogar por el exterminio» y «como supremo director de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno, debería incluir el tema como un punto concreto». La Cruz Roja pidió «un acuerdo humanitario» y compartir información sobre la ubicación de las minas para evitar que sigan «matando por 10 años más».