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La justicia federal de los Estados Unidos dictaminó que la policía de Nueva York viola los derechos constitucionales de ciudadanos latinos y afroamericanos. Los informes indican que la mayor parte de los 700.000 cacheos y arrestos realizados al año por esa fuerza, para incautar armas y drogas, son protagonizados por personas de esas minorías. La jueza Shira Scheindlin denunció la existencia de una «política de discriminación racial indirecta» que cuenta con la complicidad de las autoridades. Los policías «llevan años deteniendo sistemáticamente a personas inocentes sin ninguna razón objetiva para que se los sospeche de mala conducta» aseguró. El alcalde Michael Bloomberg rechazó las acusaciones y dijo que apelará la decisión. En su momento, había asegurado que«el 90% de los sospechosos de los crímenes más violentos son negros e hispanos».