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La condena a 156 años de prisión para 23 policías brasileños que mataron a reclusos indefensos durante la masacre de Carandiru, ocurrida en 1992, marcó el fin de la impunidad para los responsables de la represión. El fallo permitió que se concretaran las primeras detenciones a más de dos décadas de los hechos y luego de que el principal responsable, el coronel Ubiratan Guimaraes, muriera en 2006 sin pasar un solo día tras las rejas. El fiscal de la causa, Marcio Friggi, consideró que la justicia brasileña comenzó a castigar a quienes calificó de «manzanas podridas». Se espera que se impongan penas similares a otros 28 uniformados que participaron de un fusilamiento en el tercer piso de la penitenciaría en la que murieron 111 presos.