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El debate por la defensa de los espacios verdes de Lima desembocó en un escándalo que golpeó duramente a la gestión del presidente Ollanta Humala. Su gobierno presentó una ley que favorecía a la embotelladora Lindley Coca Cola en su disputa con el Servicio de Parques de la capital peruana y le permitía ahorrar 7,8 millones de soles.
El titular de Economía, Luis Miguel Castilla, reconoció en el Congreso que la norma copiaba los argumentos que había expuesto la corporación para reducir los impuestos de habilitación que debía pagarle a la entidad que administra los parques limeños. Aunque adjudicó el episodio a «un error» de un funcionario de su cartera y explicó que lo hacían para agilizar la inversión inmobiliaria, no pudo ocultar la incidencia del lobby de Coca Cola: «Evidencia que hay un sector privado que dicta leyes», declaró el legislador de centroizquierda Manuel Dammert.