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«Queremos el reconocimiento de que ha habido un genocidio político en el cual, posiblemente, participaron muchos agentes del Estado. Necesitamos que sean condenados quienes estuvieron detrás de estos hechos criminales», dijo Aída Avella, dirigente de la renacida Unión Patriótica de Colombia. La Justicia reconoció que 34 ataques contra esa formación en los 80 y los 90 fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para Avella, la decisión es insuficiente pues existen más de 6.500 casos a investigar para que no prescriban. En medio de las negociaciones de paz en La Habana, las FARC pidieron que el gobierno reconozca la responsabilidad estatal en el «exterminio sistemático» de 3.000 militantes, incluidos un candidato presidencial y un senador.