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Juan Manuel Santos dejó en suspenso la suerte de Gustavo Petro. El mandatario terminó de convalidar el golpe de la Procuraduría de Justicia contra el alcalde de Bogotá al afirmar que no iba a tomar partido y que «acatará la decisión judicial». Santos podría haber utilizado la Convención Americana de Derechos Humanos e intervenir en el fallo para impedir que se cierre la participación política a una de las figuras más relevantes de la izquierda colombiana. Sin embargo, Santos convalidó lo que la mayoría de la opinión pública considera un duro golpe contra la democracia y el proceso de paz. Así lo expresaron las movilizaciones en la capital y el repudio generalizado de los alcaldes de las principales ciudades de América Latina, sin distinciones ideológicas. Los abogados de Petro irán por la recusación del ultracatólico procurador Alejandro Ordóñez.