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Comenzó en Perú el juicio por la matanza de Curva del Diablo en 2009. La fiscalía pidió cadena perpetua para ocho indígenas acusados de 33 muertes y de la desaparición de un policía en el marco del «Baguazo», la protesta contra la ley para abrir el Amazonas a las transnacionales sin consultar a las comunidades locales. Existe un malestar generalizado por la decisión de excluir de las culpas al ex presidente Alan García y a sus funcionarios, quienes niegan su responsabilidad por la represión. Una reciente encuesta de la consultora GFK indica que el 51% de la ciudadanía los culpa por desatar la violencia, un 23% apunta a la Policía Nacional y sólo un 10% a los habitantes de Bagua. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó la campaña «Yo soy Bagua» indicando la «falta de pruebas suficientes contra los acusados».