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Autos, avionetas, yates lujosos y una extensa hacienda de plátanos son sólo algunas de las propiedades que ordenó rematar el Estado de Ecuador para cobrar los 104 millones de dólares evadidos por Álvaro Noboa. Cuando se concretó la medida, el magnate y dirigente opositor, quien tiró su billetera en una de las últimas entrevistas que realizó diciendo que «prefería el amor del pueblo antes que el dinero», no estaba en su país y su paradero era desconocido. «Ni un centavo más, ni un centavo menos, lo que la ley demanda. El objetivo es que se cumpla con la deuda que tiene con el Estado», argumentó Juan Miguel Avilés, uno de los directores del Servicio de Rentas Internas.